Gobierno del Estado ha encargado a la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito que elaboren la respuesta institucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Recomendación 55/2015 que recibió el ejecutivo el 31 de diciembre de 2015, relacionada al caso de Karla del Carmen Pontigo Lucciioto.
Esta es la postura oficial ante la Recomendación de la CNDH.
Ante la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y recibida el 31 de diciembre del 2015 por el Gobierno del Estado, por lo ocurrido hace más de 2 años (en 2013) en el bar ubicado en la capital potosina, y donde perdió la vida Karla del Carmen Pontigo, el Secretario General de Gobierno del Estado, Alejandro Leal Tovías indicó que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se prepara una propuesta para determinar los términos de respuesta que se emitirá.
El encargado de la política interna del estado recalcó que este caso ocurrido en octubre del 2013 contempla observaciones que incluye varios elementos de la investigación del caso.
De la misma manera, el documento contempla integrar a dos familiares directos de la joven como víctimas, en tanto, la recomendación abarca a la CEEAV.
En consecuencia, explicó que una vez recibida la recomendación el pasado 31 de diciembre las dependencias analizan la recomendación y emitir una propuesta de respuesta conjunta, por lo que se realizará antes de la fecha normativa, es decir antes del 22 de enero.
Observación: la Procuraduría General de Justicia que en el caso de las investigaciones de la muerte de la joven de 22 años, decididamente actuó mal y que a juicio de l CNDH incluso pretendió obstaculizar la justicia, resulta que es la que va a valorar si lo que se decide en su contra es cierto o falso.
Hay que recordar lo que dictaminó la CNDH con relación a la actuación de la PGJE:
Al analizar las evidencias que integran el expediente, la CNDH advirtió que la actuación de los agentes del Ministerio Público del fuero común fue inadecuada, ya que no actuaron con la debida diligencia, omitieron realizar acciones pertinentes para la adecuada integración de las indagatorias o las realizaron de manera insuficiente, no otorgaron el reconocimiento y la atención adecuada a los familiares de la víctima, incumplieron sus obligaciones, tuvieron falta de imparcialidad y eficiencia, y omitieron promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
También se acreditó que los peritos de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí son responsables de actuar con impericia, emitir dictámenes insuficientes, carentes de conocimientos científicos o empíricos, de formalidades, lo que trajo como consecuencia una deficiente integración de la indagatoria.
Es decir, no se le puede encargar a la misma institución que violentó derechos humanos a que elabore una respuesta a la instancia que le está señalando sus errores.
¿Qué no creo el gobernador una nueva Consejería Jurídica, que no es esa una labor para el Consejero Jurídico o, entonces para qué está?
