Por: Antonio González Vázquez.
La Mesa Interinstitucional Especializada en Feminicidios denunció que la Procuraduría General de Justicia no se apega a los protocolos de ley para investigar los crímenes en contra de mujeres. A la PGJE, se le exige que actúe con mayor compromiso en el ánimo de proteger los derechos de las víctimas de la violencia.
En el marco de la primera reunión de trabajo de esa Mesa constituida el pasado 26 de febrero se tomaron algunos acuerdos, entre los que destaca el llamado a la Procuraduría General de Justicia para que se atiendan con oportunidad los casos de violencia contra la mujer.
Estos son los puntos primordiales de esa primera reunión:
El feminicidio es el delito que priva de la vida a una mujer por razones de género, es considerado un crimen de odio; el Código penal en San Luis Potosí prevé una pena de 20 a 50 años de prisión a quienes cometan este delito, así como sanción económica de 2000 a 5000 días de salario mínimo.
A pesar de existir tipificado el delito y de contar con un protocolo de investigación al que deben apegarse los órganos de procuración de justicia en San Luis Potosí en el caso de muertes violentas de mujeres, existe evidencia que demuestra que no en todos los casos se actúa adecuadamente, por lo que las instituciones aún tienen retos enormes para posibilitar que las mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño a sus familiares.
Por ello, como Mesa Interinstitucional insistimos en la importancia de investigar y esclarecer las muertes violentas de mujeres con apego al protocolo de investigación del delito de feminicidio, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de febrero de 2015.
Planteamos que frente a la violencia de género, una de las respuestas debe ser el fortalecimiento de las instituciones para atender con firmeza un problema de carácter multifactorial, que requiere compromiso y nuevas capacidades institucionales para visibilizar, prevenir y atender los diferentes tipos de violencia, incluso la más extrema que es el feminicidio.
Del mismo modo, invitamos a los medios de comunicación a dar un tratamiento adecuado a la información publicada sobre las muertes violentas de niñas y mujeres para evitar la revictimización.
La demanda social en estos momentos es la de un periodismo respetuoso de los derechos humanos, con dominio de lenguaje no sexista, que no naturalice la violencia contra las mujeres y que coloque como uno de sus objetivos favorecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Los acuerdos fueron firmados por representantes de 13 organismos públicos y sociales relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia.
