Por Victoriano Martínez
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA) se pronunció por que en el nombramiento del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción se eviten los conflictos de intereses.
“El Fiscal Anticorrupción Estatal, debe ser una persona que no tenga conflicto de intereses públicos ni privados, para que en un marco normativo legítimo pueda promover el uso debido de la Ley”, señala el documento del CPC-SEA.
El posicionamiento, firmado por Mónica Ll. Torres P. como presidenta, y Efraín Arriola Ortíz como numerario, aclara que fueron nombrados desde el pasado 20 de septiembre de 2017, como se lo comunicó el Comité de Selección al Congreso del Estado, pero aún están “en espera de su publicación oficial en el Periódico Oficial del Estado”.
Señalan que les corresponde advertir que el aprovechamiento de una posición de poder público garantiza una ganancia política, pero afecta al conjunto de la sociedad y corre el riesgo de acentuar el deterioro de la credibilidad en las instituciones y perpetuar tendencias sistemáticas de corrupción.
El posicionamiento del CPC-SEA se da a un día de que el gobernador Juan Manuel Carreras López envió al Congreso del Estado por segunda vez la terna para seleccionar al Fiscal Anticorrupción integrada por Alejandro Hernández Castillo, Mónica Kemp Zamudio y Jorge Alejandro Vera Noyola.
“Nos pronunciamos a favor de la lealtad de la sociedad y por el buen ejercicio de sus funciones y su deber posicional de representación de la sociedad”, expresaron en el comunicado dirigido al Congreso del Estado.
