Por Victoriano Martínez
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA) solicitó al Congreso del Estado juicio político en contra de los funcionarios que integran el Comité Coordinador del SEA, con lo que obstruyen el funcionamiento de todo el sistema.
La solicitud fue presentada a las 14:23 horas del pasado lunes 22 de enero en el que piden juicio político en contra de la auditora Superior del Estado, Rocío Cervantes; el Fiscal General, Federico Garza; el Contralor General del Estado, José Gabriel Rosillo; el presidente del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Almazán Cue; el presidente de la CEGAIP, Alejandro Lafuente; y contra quien resulte ser el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
En la relación de hechos señalan que los funcionarios fueron citados para instalar el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el pasado 17 de noviembre, pero no acudió ninguno de ellos.
“A esta convocatoria que referimos, no acudió ninguno de los referidos y solamente recibimos comunicado del titular de la CEGAIP excusándose, así como la visita de una notificadora de la Contraloría General del estado”, indicaron en su demanda.
El CPC-SEA volvió a convocar a los integrantes del Comité Coordinador para el 7 de diciembre, a la que acudieron Rosillo y Lafuente, así como representantes de la Auditoría Superior del Estado y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, sin que los de la Fiscalía General ni los del Consejo de la Judicatura justificaran su ausencia.
No obstante, la reunión no pudo realizarse porque el titular de la Contraloría General del Estado cuestionó la personalidad jurídica del CPC-SEA.
“Durante el desarrollo de esta sesión, recibimos el requerimiento del titular de la Contraloría General del Estado por la publicación de nuestros nombramientos como miembros del Comité de Participación Ciudadana, a efecto de considerarnos debidamente acreditados”, relataron en la demanda.
A pesar de que le hicieron ver que tal requisito no era necesario conforme al artículo tercero transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Iglesias insistió en no reconocerles personalidad sin argumentar ningún fundamento legal.
“Por lo cual nos vemos imposibilitados para iniciar con la formación del Comité Coordinador y por consiguiente con los trabajos del sistema, motivo por el cual consideramos que su actitud más bien motiva un trastorno en el funcionamiento normal del Sistema Estatal Anticorrupción”, advirtieron los integrantes del CPC-SEA.
“La reiterada negativa a iniciar con la conformación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, ha sido imposible su debida instalación, en evidente perjuicio del interés público y en franco desacato a los establecido en la Ley de la materia”, concluyen.
La denuncia para el juicio político está firmada por Mónica Ll. Torres P., presidenta del CPC-SEA, y Carlos Espinoza Rincón, Ismael Leyva Nava, José Jesús Sierra Acuña y Efraín Arreola Ortiz, integrantes titulares del Comité de Participación Ciudadana.
