Angélica Campillo
La diputada Gabriela Martínez Lárraga presentó un punto de acuerdo para exhortar a la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que transparente todo lo relacionado con el programa de tortillas a bajo costo.
La diputada de Redes Sociales Progresistas (RSP) apuntó que este punto de acuerdo es resultado de una solicitud que hizo la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Ébano y Ciudad Valles.
Si bien dijo no estar en descuerdo en que se apoye a las familias de bajos recursos con la entrega de apoyos alimentarios, en este caso consideró que es fundamental informar al Congreso del Estado sobre cómo se va a implementar dicho programa.
De acuerdo con información del Gobierno del Estado, se abrirán tortillerías en el interior de la entidad; los industriales de la masa y la tortilla de la zona Huasteca con los que se reunió la diputada afirmaron que se abrirían 128 establecimientos en aquella zona, con una producción de mil kilos de tortillas diarias, a un costo de 10 pesos.
“Aquí estamos viendo que se está violando la libre competencia, porque a lo que ellos les preocupa es que los van a sacar del mercado”, aseveró la diputada.
A consideración de Martínez Lárraga, el planteamiento de este programa debió haberse realizado de la mano de los industriales de la masa y la tortilla, ya que incluso el subsidio se pudiera trasladar a las tortillerías que ya existen al interior del estado.
“Para poder trabajar de la mano con ellos, porque si no corremos el riesgo de que pase lo mismo que pasó con las purificadoras de agua aquí en la capital y en Soledad. No podemos, por un programa, afectar a otras familias que también van a perder sus empleos y su fuente de ingresos”, comentó.
En ese sentido, el punto de acuerdo propuesto por la legisladora de RSP consiste en exhortar al Ejecutivo para que informe sobre las reglas de operación, donde se tendrá que establecer:
- Qué dependencia implementará el programa
- El control de flujo de efectivo de las ventas de cada kilogramo de tortilla
- El control de caja, notas, facturas, de venta al públicog
- El destino de los ingresos
- Los proveedores e insumos
- La nómina, cuántos empleados, sueldos, prestaciones, contrataciones se han dado o están por darse
- Los gastos de operación de luz, gas, agua y renta de local
Como segundo punto, propone exhortar al titular del Ejecutivo para que, a través de la institución que corresponda, informe el origen de los recursos y subsidios de las
tortillerías, ubicación y número de familias beneficiadas, así como la manera en que se ejecutaría el ingreso que generarán las tortillerías.
Como tercer punto propone exhortar al titular del Ejecutivo para que informe de qué manera va a incluir a los industriales de la masa y la tortilla en el programa de subsidios, con el objetivo de beneficiar a las tortillerías previamente existentes.
Y como cuatro y último punto propone que se tenga a bien informar al Congreso en no más de 30 días sobre la resolución y resultandos de este punto de acuerdo.
Para Martínez Lárraga, hasta no informar lo peticionado, sería complejo seguir con la apertura de tortillerías, en pro de la rendición de cuentas y sin afectar al sector de la industria de la masa y la tortilla.
“Espero que todos los diputados estemos al pendiente porque este tipo de programas es el que tenemos que estar supervisando que realmente se lleve con legalidad, con transparencia y que se haga una rendición de cuentas oportuna, que es lo que nos piden todos los ciudadanos que están fuera de este recinto”, recalcó.
El punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones de Desarrollo Económico y Social, y Vigilancia para su revisión.
Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre, a través de su cuenta de Facebook, el excandidato a la gubernatura por el partido RSP, y esposo de la diputada Gabriela Martínez, José Luis Romero Calzada, denunció que el centro de distribución de tortilla subsidiada por Gobierno del Estado que se inauguró en Ciudad Valles el pasado 15 de noviembre, se robaba la luz y el agua para funcionar.
Romero Calzada exhibió la instalación donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) coloca los medidores del consumo eléctrico; sin embargo, en lugar de medidores, el establecimiento contaba con ‘diablitos’, lo que implicaría la comisión de un delito, según la fracción II del artículo 368 del Código Penal Federal que establece:
“Se equiparan al robo y se castigarán como tal el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido, o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos”.
