Leticia Vaca
La diputada Martha Barajas García presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado informe las acciones “programas o instrumentos que se utilizan durante la suspensión de actividades presenciales en los centros educativos derivado de la contingencia sanitaria del SARS-Cov2 (COVID-19) para los educandos con alguna discapacidad en el Estado de San Luis Potosí”.
Asimismo, Barajas García propone exhortar a la Secretaría de Educación para que emprenda las acciones correspondientes que permitan que los alumnos con alguna discapacidad sean atendidos mediante el uso de las tecnologías de la información o de diversas estrategias durante la suspensión de actividades presenciales, “garantizando con ello su derecho constitucional de recibir un servicio educativo por parte del Estado”.
En su justificación, la legisladora indicó que en los diversos programas educativos que se han desplegado con motivo de la pandemia, la educación inclusiva quedó rezagada y en muchos casos olvidada, por lo que “se afecta el derecho constitucional de niños que no están recibiendo ningún tipo de servicios”.
Además, propuso que también se pida informe a la Secretaría de Educación del Gobierno Federal para conocer las acciones que se llevan a cabo para evitar la suspensión total de los servicios educativos relacionados con las personas con discapacidad, “así como en caso de
haber sido omisos, implementar acciones inmediatas para brindar dicho derecho”.
En ese contexto, la diputada local citó estadísticas del Inegi, de las que refirió que, para 2010, en México había cinco millones 739 mil 270 personas con discapacidad, “lo que representa al 5.1 por ciento de la población total del Estado Mexicano, por lo que no brindar el servicio educativo tiene una afectación real a un grupo de educandos que no están recibiendo ningún servicio”.
