Por Eduardo Delgado
Representantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) se reunieron este miércoles en la Ciudad de México con legisladores federales de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a quienes les pidieron proponer ante el Pleno de la Cámara de Diputados la aprobación de un punto de acuerdo para solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación atraer la revisión de cuentas públicas “con un mayor grado de sospecha de irregularidades” y “más allá de lo supervisado” en el Ejercicio Fiscal 2016.
Ello “en virtud de la grave omisión en la fiscalización de las Cuentas Públicas 2016 de todos los entes fiscalizables del Estado de San Luis Potosí”, precisaron.
Además de la aprobación del Punto de Acuerdo les pidieron también apoyar a la ciudadanía potosina, tanto a través de grupos organizados como el Frente Ciudadano Anticorrupción, como de manera individual, “para dar seguimiento a denuncias de irregularidades que hayan sido detectadas vía transparencia o a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y se apliquen las sanciones que resulten procedentes”.
Encabezados por Manuel Nava Calvillo, los miembros del FCA les pidieron adoptar medidas para que los ciudadanos potosinos tengan la información relativa a las Cuentas Públicas de 2016 y años anteriores, a fin de que los propios ciudadanos cuenten con elementos para poder detectar irregularidades que deban ser denunciadas ante la Auditoría Superior de la Federación.
Porque a pesar de que “se entregaron los informes finales de auditoría al Congreso del Estado, a la fecha la Auditoría Superior del Estado no los ha publicado”.
También les requirieron evaluar la posibilidad de aplicar auditorías especiales en los ayuntamientos cuyas cuentas públicas resultaron con cero observaciones, como fue el caso del capitalino u con mínimas observaciones.
“Por representar ejemplos concretos cuya limpieza en el ejercicio de los recursos públicos no puede tener otra explicación que efectividad en la operación descrita como ecuación corrupta”, añadieron.
En el pliego petitorio entregado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el FCA les demando proponer otro punto de acuerdo al Pleno de la Cámara de Diputados, para pedirle a la Procuraduría General de la República “evalúe la pertinencia de intervenir en los delitos de carácter federal en los que se haya incurrido, tanto en el funcionamiento de la ecuación corrupta, como el en consecuente encubrimiento de desvíos de recursos de carácter federal al omitir o borrar las observaciones sobre irregularidades por la vía de componendas o extorsiones”.
Finalmente, los exhortaron a considerar que un grupo de integrantes de esa comisión legislativa acuda a San Luis Potosí para recabar información adicional sobre lo expuesto, como del caso de la millonaria compra de medicamentos del Ayuntamiento capitalino a una proveedora fantasma, de quien sólo se sabe que se llama Sandra Sánchez Ruiz.
De paso conocer de “primera mano” el procedimiento que el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado han iniciado para “la presunta reposición” de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2016, y en consecuencia pronunciarse al respecto.
Verificar las medidas que el Congreso y la Auditoría Superior del Estado adoptaron para combatir la corrupción revelada a partir de la difusión del video que dio origen al caso de la “ecuación corrupta”.
