Por Victoriano Martínez
Un grupo de ejidatarios de La Pila solicitaron por escrito este viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para impedir la asamblea ejidal en la que consideran que se les pretende despojar de mil 888 hectáreas, citada en tercera convocatoria para el 5 de junio, además de que le piden una investigación sobre los actos de corrupción en torno al caso.
El documento, firmado por doce ejidatarios encabezados por Ma. del Carmen Gómez Silva, expusieron que para los poderes fácticos del Estado los terrenos del Ejido La Pila se han vuelto los segundos más codiciados, después de las superficies que se pretendieron urbanizar en la Sierra de San Miguelito antes de que se le declarara Área Natural Protegida.
“No es gratuito, sobre una superficie de cuatro millones de metros cuadrados, o sean 400 hectáreas, se pretende construir el proyecto industrial y logístico La Pila, el parque industrial más grande de Latinoamérica”, señalaron en el escrito.
Aseguraron que el proyecto se desarrollaría en tres etapas y, una vez concluido, con cientos de naves industriales y áreas de transferencia, alcanzaría una capacidad de manejo de tres mil toneladas diarias de mercancías, especializándose en la fase de reparto o última milla.
En el escrito mencionan el Centro Logístico de Primer Nivel T-MEXPARK que se encuentra en construcción en Nextlalpan, Estado de México, con una de más 25 mil millones de pesos, que se anuncia como el parque industrial más grande de América Latina, en el que además se destaca su cercanía con el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA).
Advierten que en el caso del proyecto para La Pila también se pretende señalar como ventaja encontrase en el área de influencia del AIFA, además de que –por sus dimensiones– resulta hasta cinco veces más grande que T-MEXPARK.
Los ejidatarios le informaron a López Obrador que el proyecto implica despojarlos de mil 888 hectáreas de sus tierras, ante lo que han enfrentado el contubernio de los empresarios, liderados por el Grupo Valoran, con los representantes de las autoridades agrarias en el Estado, ante quienes han opuesto resistencia en condiciones muy desfavorables.
“Resisten en condiciones de extremo heroísmo contra el hostigamiento y la represión infame provocada entre otros por la empresa Valoran, cercana a Claudio X González, la cual ha tejido con habilidad por años el entramado de control social y político del Ejido la Pila”, señalaron con relación al grupo de ejidatarios que se oponen al despojo.
Expusieron que “como parte de sus perversas estrategias (los empresarios) se han permitido hacer diputado, bajo el membrete de Morena, a Antonio Lorca, sobrino del exgobernador Juan Manuel Carreras”, quien figura como ejidatario con la parcela 856, de mil 498.5 metros cuadrados de terreno.
“Cuentan también con la complicidad de las corruptas autoridades agrarias en San Luis Potosí, como es el caso del Procurador Agrario, Ernesto Rendón, y el magistrado agrario Juan Rodolfo Orozco quienes, en contubernio con los jueces de Distrito quienes se encuentran corrompidos al peor nivel, han operado por años para crear condiciones que permitan a la mafia inmobiliaria apropiarse de los espacios comunales y ejidales”, indicaron.
Le advierten al presidente sobre la intención de realizar el próximo domingo 5 de junio una asamblea ejidal de dominio pleno, articulada a modo para los especuladores de la tierra, sobre mil 888 hectáreas para ser privatizadas y otras 700 para ser adquiridas a “precios de ganga”.
“Solicitamos su solidario apoyo a efecto de que la Procuraduría Agraria Nacional mantenga la suspensión de la participación de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, en la irregular Asamblea que por ulterior convocatoria se pretende realizar el día 5 de junio del 2022”, le pidieron a López Obrador.
Le pidieron además que “se realice una profunda investigación sobre los hechos aquí denunciados”.
El pasado 16 de mayo, un grupo de ejidatarios de La Pila le presentó a Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario Nacional, una denuncia sobre el intento de despojo en las dos convocatorias previas para la asamblea ejidal, de lo que derivó la suspensión de la representación de esa dependencia en el Estado, que ahora piden sigua vigente para el 5 de junio.
