María Ruiz
Organizaciones civiles, colectivas feministas, asociaciones académicas, periodistas y defensoras de derechos humanos, entre ellas Marea Verde SLP, han expresado su rechazo a través de un posicionamiento ante la decisión de levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Tamuín, Tamazunchale y Matehuala.
Ante este panorama, las organizaciones exigen a las autoridades competentes que la futura presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo revise el Mecanismo de Declaratoria de AVGM gestionado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Según estas agrupaciones, el retiro de este mecanismo no representa un progreso significativo en la lucha contra las raíces estructurales de la violencia de género ni en la atención efectiva a la violencia feminicida en el estado.
Explicaron que la AVGM es un mecanismo de emergencia que garantiza a las mujeres el derecho a vivir sin violencia. Su levantamiento debe darse solo cuando se hayan cumplido integralmente las medidas establecidas desde la declaratoria de junio de 2017 y se evidencie una reducción sostenida de la violencia en los municipios afectados.
Sin embargo, la decisión actual se ha dado en un contexto que incluye preocupaciones que tienen que ver con la persistencia de impunidad y violencia institucional hacia las víctimas indirectas de feminicidio.
Asimismo, han observado obstáculos en la participación de la sociedad civil en la gestión pública, respecto a la toma de decisiones.
“La toma de decisiones clave basadas en documentos no fueron divulgados de manera oportuna y además hubo falta total de transparencia en el uso de recursos públicos destinados a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres”.
De igual modo, destacaron que se da prioridad a la imagen política del Gobierno del Estado sobre la implementación de medidas efectivas contra la violencia de género, y por otro lado criticaron la instrumentalización del Instituto de las Mujeres para agendas políticas distintas a la creación de políticas públicas inclusivas y efectivas.
Además, solicitan que se reconsidere y retracte la decisión de levantar la alerta en los mencionados municipios hasta que se cumplan plenamente todas las medidas, se evalúe integralmente el impacto de las acciones realizadas, así como garantizar la seguridad y protección de las mujeres sin riesgo de invisibilización de la violencia de género.
También demandan la divulgación de los criterios, metodologías y datos utilizados para justificar la decisión de levantar la AVGM, una investigación exhaustiva de la situación de violencia de género en los municipios afectados y la publicación de una convocatoria para integrar el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) con representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, instan a la implementación de medidas sostenibles que aseguren la protección de los derechos de las mujeres y exigen que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona garantice la autonomía del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) y se responsabilice de las necesidades de las mujeres, destituyendo a la actual titular si es necesario.
“El Instituto debe ser un espacio de creación de políticas públicas que beneficien a todas las mujeres potosinas, no un recurso político de ningún gobierno”.
