- Comparan su actuación con la de los funcionarios foxistas que permitieron ecocidio en Cerro de San Pedro
- Revelan que funcionarios federales confesaron haber negociado con los empresarios inmobiliarios
Por Victoriano Martínez
El grupo Guardianes de la Sierra de San Miguelito entregó un escrito a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dirigido a su titular María Luisa Albores González, en el que comparan la exclusión de mil 805 hectáreas del Área Natural Protegida (ANP) con el ecocidio autorizado en el sexenio de Vicente Fox en Cerro de San Pedro, además de revelar que funcionarios de esa dependencia confesaron haber negociado con los empresarios.
“El asunto del inminente e irreversible daño ecológico a la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, mucho nos recuerda ese discurso oficial empleado por el gobierno foxista y utilizado para justificar ambientalmente la depredación del histórico Cerro de San Pedro”, exponen desde el primer párrafo de su escrito.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha comparado en diversas ocasiones el caso de la necesaria protección a la Sierra de San Miguelito con un intento de un nuevo ecocidio contra San Luis Potosí, como el ocurrido en Cerro de San Pedro, y se ha pronunciado porque nunca más debe ocurrir algo similar.
Los activistas mencionan en su escrito que el 14 de febrero sostuvieron una reunión virtual, a través de la plataforma de ZOOM, en la que funcionarios de la Semarnat reconocieron haber negociado, en aquella fecha, la exclusión de 500 hectáreas para el proyecto “Las Cañadas”.
Le expusieron a Albores González que, desde el Estudio Justificativo para la consulta que se dio del 30 de enero al 28 de febrero, excluyeron 500 hectáreas, por lo que le cuestionaron el punto a César Sánchez, Lilián I. Torija Lazcano, y en especial a Gerardo Hernández Cendejas, en reunión virtual del 14 de febrero del 2021.
“[Hernández Cendejas] de manera directa, sin inmutación ni sonrojo, estableció que los límites de esas 500 hectáreas habían sido parte de un acuerdo y/o negociación en los que intervino el sector empresarial. Para mayor abundancia en el asunto, puede usted revisar el audio y video de la reunión virtual de esa fecha”, recomendaron.
Los ecologistas calificaron a Hernández Cendejas como el “topo” (infiltrado por parte de los empresarios inmobiliarios) por sus antecedentes en el área de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), además de su estrecha relación con la asociación civil “Sierra de San Miguelito”, encabezada por Edgardo de los Santos, quienes han operado para excluir territorio de la Sierra para urbanización.
Mencionan que los grupos desarrolladores que pretenden realizar el proyecto “Las Cañadas”, son los mismos que urbanizaron más de mil hectáreas en el ejido Garita de Jalisco e iniciaron la urbanización en el ejido el Aguaje con el proyecto Gran Peñón: “Residencial La Tenería, Lomas de la Garita, Desarrollo del Pedregal, de la cual derivó luego, Peña Blanca”.
En el escrito le expusieron a Albores González la “falsa solución de desfogue vehicular llamada “Vía Alterna”, y que esta Semarnat “también autoriza con la propuesta de Área Natural Protegida”.
Señalan que toda la documentación con las referencias de las inmobiliarias, la necesidad de protección de la Sierra de San Miguelito, así como la violación a las áreas naturales de protección a la Cuenca Hidrológica (AN-PCH) y al Patrimonio Paisajístico y de Recarga (AN-PPRE), se le ha entregado al presidente López Obrador y a los que han sido titulares de la Semarnat.
“Documentos que hicieran de su conocimiento y establecieran el acoso inmobiliario que se estaba padeciendo; además, desde luego, de los efectos que sobre la Recarga del Acuífero esto provocaría, y la violación del estatus de las áreas municipales de protección”, dijeron a la titular de Semarnat.
Le reprochan la exclusión de ejidos y comunidades dispuestas a formar parte del Área Natural Protegida por ser parte de la Sierra de San Miguelito, y ponen de ejemplo los casos de las comunidades de Guadalupe Victoria y la Cruz, y el Ejido Rodrigo de Villa de Reyes, que están organizados para proteger su territorio de atentados contra la ecología.
Le informaron que el acoso a los comuneros se traduce en un abuso en el que los obligan a proporcionar sus tierras a cambio de un pago ínfimo.
“La superficie de 1,805 hectáreas ha sido pactada y comprometida con contratos de asociaciones en participación, y que mediante las peores prácticas, el pago de cantidades irrisorias por absurdas, y promesas de aportación y venta se obtienen las firmas de los comuneros”, le advirtieron, además de proporcionarle una dirección electrónica para que pueda leer los términos del contrato.
Los activistas adjuntaron a su escrito un póster en el que dan respuesta al comunicado de la SEMARNAT del pasado jueves 15 de julio en el que se puede leer: “Respuesta a Semarnat: ¡Basta de mentiras! ¡Toda la Sierra debe ser protegida!”
