Fernanda Durán
Activistas y representantes de organizaciones civiles pidieron al Congreso del Estado que la siguiente consulta a personas con discapacidad contenga acciones afirmativas, es decir, exclusivamente para las personas con discapacidad y estrechas, sin limitar el procedimiento a urnas.
Este lunes se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo entre el Congreso en conjunto con el DIF estatal, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), asociaciones civiles y colectivos de personas con discapacidad, donde se presentó la propuesta inicial para la organización y desarrollo de la consulta.
De acuerdo con Catalina Torres Cuevas, activista y representante de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, la metodología incluye la consulta por medio de urnas y foros con expertos, por ello solicitó a los diputados que se organice conforme a acciones positivas.
“Una cosa que dice la corte es que deben ser estrechas, para ser estrechas las consultas no se hacen a través de buzones”.
Sin la participación efectiva podrían arriesgarse a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deseche el dictamen que incluirá la consulta, como sucedió con acciones de inconstitucionalidad previas que recibieron los estados de Coahuila, Nuevo León y la Ciudad de México.
La consulta pendiente se debe a dos controversias de inconstitucionalidad promovidas por la CEDH y ordenadas por la SCJN, de las cuales tienen como fecha limite de resolución el próximo 7 y 8 de junio, aproximadamente 72 días para resolver.
La primera corresponde a la adición del Capítulo IV “De la familia de los usuarios” y el articulo 4 bis de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicado el 13 de abril de 2021.
La segunda se hizo a la reforma del artículo 40, fracción l y la derogación del artículo I, tracción XVII, de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
El plan estratégico para la consulta también pretende utilizarse para 23 iniciativas presentadas por la actual LXIII Legislatura y cuatro iniciativas de la LXII Legislatura.
La propuesta contiene 10 fases conforme las directrices para la consulta a las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la primera definida como “previa”; segunda, la planificación; tercera, preparación; cuarta, socialización y acciones de comunicación publica; quinta, la consulta; sexta, sistematización, síntesis y análisis de la información; séptima, el proceso legislativo.
En la octava fase se dará reporte de cumplimiento a la SCJN; la novena constará de informes y socialización de resultados para finalizar con la administración del conocimiento.
Entre los señalamientos dados por las organizaciones destacaron también la necesidad de establecer un mecanismo de trabajo accesible para todo tipo de discapacidades, así como la colaboración con los ayuntamientos por medio de los DIF municipales y las personas cuidadoras.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Lidia Nallely Vargas Hernández, Cinthia Verónica Segovia Colunga y María Claudia Tristán Alvarado, y el diputado José Luis Fernández Martínez.
