Fernanda Durán
Durante el Tercer Parlamento de las Mujeres “Matilde Cabrera Ipiña”, las participantes pidieron al Congreso del Estado atender la deuda histórica de los tres niveles de Gobierno con los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, con respecto a los distintos tipos de violencia que se enfrentan en el estado, la visibilización de las comunidades indígenas, así como la desaparición forzada de personas en San Luis Potosí.
Este martes 23 de mayo, cada una de las diputadas, activistas, madres y académicas presentaron en tribuna sus posicionamientos, discursos, exhortos y quejas sobre los derechos invisibilizados de las mujeres, infancias, comunidades indígenas, personas con discapacidad y personas desaparecidas.
A lo largo de la sesión, los diputados abandonaron el recinto, y solo quedaron presentes menos de la mitad de las y los legisladores de los distintos grupos parlamentarios.
En su participación, la abogada Claudia Cuellar reprochó la omisión por armonizar leyes claves en los derechos humanos y perspectivas de infancias, pues las mujeres son vulneradas o violentadas sexualmente de forma constante en distintos espacios que la sociedad evita nombrar, incluso antes de reconocer que sus derechos han sido vulnerados.
La abogada y activista indicó que sólo uno de cada diez casos de abuso sexual es denunciado en San Luis Potosí, por lo que pidió una armonización legislativa desde los códigos familiares, civiles y penales.
“Lo anterior fortalecerá a las instituciones. Desde este recinto alzo la voz por las que no pudieron hacerlo, ni una más ni una niña ni una adolescente ni una mujer vulnerada más”.
Luisa Rojas Méndez, abogada, exhortó a los tres poderes del Estado a ser promotores de la llevar a cabo acciones para detectar las manifestaciones de violencia sexual infantil, como el trafico de personas, pornografía, matrimonio forzoso, turismo sexual, abuso sexual y feminicidio, a fin de que San Luis Potosí no le falle a la niñez.
La académica Xóchithl Guadalupe Rangel Romero destacó que la desaparición forzada de personas en San Luis Potosí es un fenómeno real que no puede minimizar y que el Estado no ha podido resolver, pues se trata de verdaderos campos de exterminio donde se viven omisiones y apatía de la ciudadanía.
“Necesitamos una ley de la materia con un gran enfoque de derechos humanos, de perspectiva, pero sobretodo diferenciado. Hoy no contamos con un programa estatal de búsqueda como lo mandata la ley (…) las familias de personas desaparecidas requieren una respuesta por parte del Estado hasta regresarles a casa, es la misión”.
De acuerdo con Palmira Flores García, las comunidades indígenas mantienen la lucha constante contra la invisibilización, en especial “las mujeres indígenas de la capital hemos sido invisibilizadas (…) pareciera que nuestra existencia ha representando siempre un problema”.
Asimismo, las comunidades indígenas asentadas en la capital, entre ellas la Mazahua, Otomí, Nahuatl, Tenek y Triqui, aspiran a la asignación de un presupuesto directo a las comunidades no menor al .001 por ciento del presupuesto anual de los ayuntamientos que cuenten con población indígena para dar autonomía sobre el derecho legítimo de libre desarrollo de los ámbitos que impacten en las comunidades.
La madre María Merced Sánchez Piña señaló que durante esta administración estatal el acceso a la salud pública se ha dificultado por el inaccesible abastecimiento de medicamentos esenciales que dificultan el hacer frente a las enfermedades crónicas de niños, niñas y adolescentes, como es el caso de su hijo, lo que imposibilita el acceso al más alto nivel de salud.
“Confío que harán ustedes todo lo posible y todo lo necesario para que todo esto pueda ser posible para ellos y todos los que necesitamos esa atención, y que se les dé prioridad puntual a las necesidades de educación salud y seguridad por encima de vanidades o diversiones. Nada ni nadie por encima de la ley”.
En la sesión, Miriam Castillo Moreno promovió la gestación subrogada, así como la legislación para apoyar todas las formas de reproducción asistida calificándolos como un servicio necesario “para no dejar en desamparo a miles de mujeres deseosas de ser madres”.
