Victoriano Martínez
Un grupo de ejidatarios de La Pila solicitaron esta mañana a Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario Nacional, frenar la asamblea convocada para el 22 de mayo en la que se pretende consumar el despojo de mil 888 hectáreas para un desarrollo industrial, además de pedir que se investigue y sancione al representante de esa dependencia en el Estado.
En un largo escrito acompañado de un voluminoso expediente de pruebas que entregaron esta mañana en la Procuraduría Agraria Nacional, los ejidatarios de La Pila exponen al funcionario federal las situaciones irregulares con las que se incorporó como ejidatarios a un grupo de empresarios y la forma en la que ahora se les pretende otorgar el dominio pleno.
“Investigue y sancione en su caso al representante de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, Ernesto Rendón Aguilar, por los actos de coacción, manipulación y manejo irregular de la normatividad agraria y ambiental, aquí descritos”, plantearon en su pliego de peticiones.
El pasado viernes 6 de mayo, el actual comisariado ejidal en acuerdo con Rendón Aguilar y los empresarios, convocaron a asamblea ejidal para formalizar la venta de las mil 888 hectáreas, sin que se lograra el quórum legal para poderla realizar, por lo que se lanzó la segunda convocatoria para el 22 de mayo.
“¿Todos los ejidatarios quieren vender? Y entonces porqué la incapacidad de lograr un quórum calificado, esa falacia, esa mentira es robustecida con ese discurso manipulador del Magistrado Agrario Rodolfo Lara Orozco y con la operatividad cómplice del Procurador Agrario Ernesto Rendón Aguilar”, le advirtieron al Procurador Agrario.
Señalaron que ante el hecho de que la mayoría de los ejidatarios se oponen a la venta de sus tierras, Rendón Aguilar y Lara Orozco, confabulados con los empresarios, han promovido una campaña en la que se pretende engañar a los inconformes para que acepten la venta.
En su exposición mencionaron como antecedentes la forma en que el exgobernador Juan Manuel Carreras López y el exalcalde Xavier Nava Palacios pretendieron facilitar la desincorporación de tierras al cambiarles el uso de suelo en los programas municipales de desarrollo urbano, a pesar de que vulnera el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT).
“En el oficio PASLP/1990/2022 establece que para efectos de esta asamblea la Procuraduría Agraria no se cuenta con ningún tipo de dictamen ambiental”, le advirtieron al funcionario como una más de las irregularidades en que se incurre.
Advirtieron además sobre el indiscriminado uso de agua que requeriría el proyecto de desarrollo industrial que “generarán una afectación al acceso del derecho humano al agua de los habitantes de San Luis Potosí”.
Describen y adjuntan copia de los expedientes de los juicios de amparo 117/2019 y 1016/2019, en los que se establecen y confirman medidas precautorias que ordenan que “se abstenga el Ejido de ejecutar cualquier acto relativo a la adquisición del dominio pleno”.
Como empresarios que se han incorporado como ejidatarios mencionaron a Abraham Tobías Gómez, con más de 40 hectáreas; Héctor Gómez Valle, con más de 60 hectáreas; el diputado Antonio Lorca Valle, con cerca de 80 hectáreas; Roberto Pérez Centeno, con 80 hectáreas; el exdiputado José Luis Romero Calzada, con cinco hectáreas; y Juan López Lara con 20 hectáreas.
Aseguraron que con parcelas y prestanombres aparece la familia Valladares con cerca de 50 hectáreas; así como la empresa Termicentro, propiedad de José Vicente Soriano García, que se apropió de 40 hectáreas para colocar esferas de Gas LP, a pesar del peligro que representan.
En todos los casos, los ejidatarios exponen los números de cada una de las parcelas asignadas a los empresarios y su ubicación dentro del Ejido.
“Hoy son ejidatarios los Lorca, del Valle, Valladares y los representantes del Grupo Valoran y han comprado cientos, acaso miles de hectáreas aprovechando la marginación y la manipulación de liderazgos”, consideraron en el escrito.
Exhibieron además un documento en el que se establece que el precio por metro cuadrado al que le pretenden pagar los terrenos al ejido es de 120 pesos por metro cuadrado, con un anticipo de 150 mil pesos y “el resto del valor de las tierras integrantes del proyecto de desarrollo, les serán pagadas en 84 pagos mensuales fijas iguales”.
Los ejidatarios pidieron que se “impulse un proyecto de capacitación, información y defensa de los derechos ejidales de los integrantes del Núcleo Agrario de la Pila y sus Anexos, generando una propuesta alternativa de desarrollo sostenible con el apoyo del Gobierno Federal”.
También requirieron una revisión de las determinaciones, programas y autorizaciones formales en materia ambiental y desarrollo urbano para establecer con claridad las violaciones normativas que contrae la industrialización del ejido.
Solicitaron que se informe directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador de este intento empresarial de despojo y que el tema se turne a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “para que en el ámbito de sus atribuciones evalúen los procesos que tienen como objetivo la industrialización de nuestro ejido”.
