Estela Ambriz Delgado
Fotografías de Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Habitantes de la Comunidad San Marcos Carmona, Mexquitic de Carmona, solicitan a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República (Segob) su intervención para frenar el hostigamiento de la empresa inmobiliaria “Promotora y Proyectos Proaljo” hacia los defensores de su territorio, así como para señalar a las autoridades locales su obligación de respetar la suspensión judicial, pues continúa la contaminación del río Calabacillas con aguas residuales.
De acuerdo con lo informado por el doctor Guillermo Luévano Bustamante, de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la cual asesora a los comuneros y ha promovido diversos amparos, el viernes 21 de junio, Juan Carlos Santillán, en representación de la comunidad, entregó un expediente al licenciado Marco Medina, dirigido al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Arturo Medina Padilla, para solicitar su intervención.
El documento contiene una síntesis sobre las numerosas vulneraciones cometidas en contra de la comunidad, la violación a los derechos humanos, ambientales, y culturales de sus habitantes, especialmente la afectación del río Calabacillas, porque el Ayuntamiento de Mexquitic ha sido omiso en respetar la suspensión judicial que ordenó un juzgado federal de distrito, la cual ordena preservar la integridad del río y que no se comprometiera su cauce.
Sin embargo, en inspecciones que han hecho recientemente, siendo la última el sábado 22 de junio, han observado que las descargas de aguas residuales directa al cauce del río continúan, además de la contaminación con basura doméstica y desechos tóxicos.
También se identificó que han construido incluso bardas nuevas y, por tanto, rellenando el cauce del río, pues una de estas se encuentra en la zona protegida, lo que incumple en la suspensión judicial.
En este sentido, Luévano Bustamante detalló que ya han denunciado todo lo observado y documentado al juez de distrito, y han solicitado que se hagan efectivas medidas de apremio, entre las cuales están multas al Ayuntamiento de Mexquitic, destituir funcionariado y, eventualmente, si es reiterado el incumplimiento, podrían inhabilitarlos para ocupar cargos posteriores, además abrir un incidente penal por desacato judicial, todo ello con el fin de que el Ayuntamiento sea más estricto en el cumplimiento de la suspensión.
Informaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de esta situación, y además denunciaron el clima de hostigamiento, criminalización y amedrentamiento contra las personas que defienden su territorio, pues en junio de 2023 les iniciaron procedimientos penales, en los que “inusitadamente” un juez penal fue muy expedito en resolver su caso, integrar la carpeta de investigación y dictar sentencia, que fue inicialmente condenatoria y podría haber sido privativa de libertad, pero mediante una apelación se logró la revocación de esa sentencia.
“Lo que notamos aquí es que todavía combatieron los inmobiliarios, uno de sus abogados, el licenciado Isaú Arredondo, fue todavía al amparo, impugnó la resolución donde los absuelven, y eso lo leemos como una clara intención de seguir intentando criminalizarles, cuando ya pues en la apelación se determinó que no hay responsabilidad penal de ningún tipo, pero vemos este ánimo de seguir, cuando menos, hostigando, molestando, amedrentando”.
En el mismo sentido Guillermo Luévano hizo mención de que inclusive en dos más recientes recorridos que han hecho en días previos, desde la Sierra de San Miguelito hasta la zona de las inmobiliarias, de inmediato han observado que comienzan a vigilarlos personal de seguridad privada, trabajadores de las inmobiliarias, de las constructoras, y reportan su presencia por medio de radios con los que se comunican.
Ante la situación que se vive en la comunidad es que solicitan a la Subsecretaría que, de ser viable, se incorpore a los afectados al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, por la criminalización de la que han sido objeto, así como su intervención para que haga gestiones con autoridades locales y municipales, y les oriente a respetar la suspensión judicial.
El catedrático destacó la importancia de conservar el río Calabacillas dado el agotamiento del acuífero potosino y la sequía, pues con las recientes lluvias salta a la vista la importancia de preservar su cauce, que nace desde la Sierra de San Miguelito.
“Los compañeros dicen que ya está caudaloso el río, pero ahorita como está todavía no pueden como antes hacían, beber de esta agua, bañarse en esta agua, lavar, el uso que le daban ellos no sólo agrícola sino también doméstico, porque ahorita con las descargas, constatamos que todavía hay descargas residuales a través de tuberías ilegales; el drenaje de los fraccionamientos simplemente lo descargan directamente sobre el río y lo volvimos a constatar”.
