María Ruiz
La Convención Nacional Morenista denunció, en rueda de prensa, arbitrariedades alrededor de la detención del luchador social potosino Pablo Martel Santos, quien fue aprehendido en el mes de noviembre el estado de Chiapas.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas le imputa los delitos de despojo y asociación delictuosa, tan sólo por organizar a ejidatarios de una comunidad para trabajar un terreno cercano a la zona de Palenque, el cual cuenta con 41 hectáreas que les fueron desplazadas en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, según informó su abogado Antolín Santiago Santos, quien detalló que se trata de un caso donde confluye el tráfico de influencias y el despojo ilegal de sus tierras a ejidatarios y comuneros del estado de Chiapas.
“Pablo Martel es originario del municipio de Tampamolón, pero también es un reconocido académico de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Chapingo y quien ha dedicado décadas de su vida a la defensa de los pueblos indígenas. Se encuentra encarcelado a sus 77 años de edad tan sólo por enseñar a ejidatarios a trabajar las tierras que, en el sexenio de Felipe Calderón, les fueron despojadas”.
El abogado Santiago Santos también detalló que interpondrán un juicio internacional para que autoridades de otros países intervengan ante la omisión directa del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Según investigaciones realizadas por parte de la defensa, estas tierras que les fueron despojadas a ejidatarios indígenas del estado de Chiapas ahora pertenecen a presuntos prestanombres de la familia del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, bajo el nombre de una empresa llamada Santa Genoveva.
En este sentido, el abogado defensor de Pablo Martel detalló que se han realizado diferentes movilizaciones en el estado de Chiapas, en donde un total de 18 indígenas y ejidatarios fueron privados de su libertad. Mencionan que también se ven afectados de manera directa, ya estas tierras que ahora están a nombre de prestanombres de un expresidente, ya no les pertenecen.
“Nosotros tenemos los códices originales de estas hectáreas que le pertenecen a estos indígenas y ejidatarios desde el año 1501. Con eso podremos demostrar el despojo ilegal que se realizó en el sexenio de Calderón Hinojosa. A la par, demostrar que Pablo Martel no había realizado o no ha realizado nada de manera ilegal y quien, en su lucha social, sólo buscaba que las personas dueñas reales de estas tierras se organizaran para trabajarlas”.
Por último, Santiago Santos indicó que cada hectárea de este terreno tiene un valor de hasta más de un millón de pesos, pues se trata de plantaciones de árboles de teca, conocida como la reina de la madera.
