Por Victoriano Martínez
La aprehensión de Jaime Pineda Arteaga, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en tanto no llegue al punto de un ejercicio de justicia plena, representaría hasta ahora lo que se había vuelto habitual en los cambios de sexenio que se han registrado en lo que va del siglo, y que la excesiva actitud pusilánime de Juan Manuel Carreras López habría interrumpido.
Con Marcelo de los Santos Fraga el asunto irregular en la administración de Fernando Silva Nieto que derivó en aprehensiones fue el caso de la venta de los invernaderos de Santa Rita, después recuperados, con aprehensiones que alcanzaron incluso al abogado Gustavo Barrera López.
Con Fernando Toranzo Fernández, los ex funcionarios de la administración de De los Santos Fraga llevados a prisión fueron el secretario de Finanzas, Joel Azuara, el oficial Mayor, Humberto Picharra, y la coordinadora de Comunicación Social, María Luisa Paulín.
La tibieza de Carreras López fue notoria hasta en eso y, aunque tenía a mano casos de escándalo que involucraban directamente a la entonces esposa de Toranzo Fernández y diversos funcionarios del DIF estatal, marcó una pausa en el hábito sexenal del Siglo XXI de hacer pasar a algunos funcionarios del sexenio anterior por alguna celda en el reclusorio.
Hasta ahora la práctica se ha limitado a “hacer pasar” por el reclusorio a unos cuantos funcionarios, porque al final de cuentas –tras una corta temporada– recuperan su libertad sin que la sanción haya correspondido a la gravedad de la falta y, lo que es peor, sin que se haya informado sobre alguna efectiva reparación del daño.
Pineda Arteaga se encuentra desde la noche de este viernes en el CEPRERESO de La Pila. Un ex funcionario detenido no es la novedad. La noticia es que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, auto proclamado justiciero para sancionar a los responsables de la herencia maldita desde la toma protesta, comenzó la acción con un ex funcionario que no es de los que estaban más en la mira.
Rumores hubo hasta de la existencia de una orden de aprehensión en contra de Mónica Rangel Martínez, ex titular de los Servicios de Salud y ex contrincante de Gallardo Cardona por la gubernatura. Se consideró que sería la primera ajusticiada y le seguiría Leopoldo Stevens Amaro, de SEDUVOP, o Eduardo Medina, de la Junta Estatal de Caminos.
Y es que prácticamente contra la totalidad de los ex funcionarios, sin descartar al propio ex gobernador Carreras López, podrían acreditarse actos ilícitos por los que tuvieran que rendir cuentas a la justicia.
Bastan como ejemplo los datos que dio a conocer el INEGI sobre la forma en la que el gobierno de Carreras López asignó contratos y definió adquisiciones por 589.9 millones de pesos en 2020:
Sólo 12.3 millones de pesos se licitaron públicamente, a través de 40 procedimientos. El 2.08 por ciento.
El 9.7 por ciento, 55.3 millones de pesos, fueron asignados por el mecanismo de invitación restringida a cuanto menos tres concursantes.
Se aplicaron 606 adjudicaciones directas por 209.4 millones de pesos, equivalentes al 36.8 por ciento.
Además de esas tres modalidades que sí contempla la Ley de Adquisiciones, el gobierno de Carreras López utilizó, de acuerdo con el INEGI, otros mecanismos no previstos en la Ley para asignar contratos y adquisiciones por un monto de 292.1 millones de pesos en 2020, que representan el 51.4 por ciento.
Es decir, tomado como ejemplo el 2020, en más de la mitad de la aplicación de recursos en contratos de obras y adquisiciones, el gobierno de Carreras López lo hizo sin tomar en cuenta la Ley. Todo un universo de discrecionalidad como campo fértil para detectar irregularidades sancionables, pero también expedientes para reclamar la reparación del daño y los resarcimientos al erario.
Pineda Arteaga fue detenido por ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades.
Hasta lo anoche revelado, son delitos que no tienen que ver con desvío de recursos ni con un ejercicio justiciero que busque recuperar los recursos públicos mal aplicados en perjuicio de la sociedad. Y se trata de un funcionario que en sus casi tres años al frente de la SSP ejerció un presupuesto de 8 mil 928 millones 845 mil pesos.
Si así se decidió comenzar el combate a la corrupción en el sexenio anterior, sólo en la medida en que esas acciones se enfoquen en castigar saqueos y recuperar fondos públicos se podrá considerar que se busca justicia para todos, no sólo por la vía del castigo, sino también por la de resarcimientos.
Si queda en acciones de mero castigo, cual escarmiento momentáneo, sin que la sociedad recupere lo perdido, simplemente el actual gobierno habrá retomado el hábito sexenal iniciado este siglo de una vendetta propagandística más que, al paso de unos meses, de muy poco habrá servido.
