Por Victoriano Martínez
Cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se anticipó a celebrar la votación mayoritaria por el Sí en el plebiscito, no lo hizo tanto por adelantarse seis horas al recuento de los votos, sino más por sembrar en la opinión pública la idea de que la municipalización de Villa de Pozos es un hecho inevitable que cuenta con el apoyo mayoritario de la población.
Cuando este martes se publicó en la lista de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito la resolución del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito con la que suspende la posibilidad de emitir el decreto de creación del municipio número 59, la estrategia propagandística gubernamental enfrentó un golpe de realidad en el proceso de municipalización.
El hecho de que sólo 6.82 de cada 100 ciudadanos de la lista nominal hayan acudido a las mesas receptoras de opinión no era obstáculo para la efectividad de una propaganda con el sesgo de afirmar que en la consulta a los ciudadanos del municipio capitalino el 79.83 por ciento votó a favor de la municipalización y sólo el 19.34 por ciento lo hizo en contra.
Hasta ahí, la realidad de un abstencionismo del 93.18 por ciento puede ser encubierta por la afirmación de un apoyo mayoritario de la población a la municipalización, en proporción de cuatro a uno, sólo con omitir que esa relación corresponde a los votos emitidos, cuando en realidad la manifestación a favor es de un raquítico 5.45 por ciento de todos los ciudadanos del municipio.
Un ligerísimo golpe de realidad dado por la apatía ciudadana, fácilmente superable porque, si bien muestra el fracaso del organismo electoral para cumplir con la promoción de la participación e incentivarla, cumple con el requisito de la fracción VI del artículo 47 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y da cifras para la manipulación mediática para crear la imagen de una acción popular.
Un ligerísimo golpe de realidad que deja ver el ejercicio del plebiscito como un acto con más tinte de simulación que de una genuina intención de consultar a la ciudadanía y avanzar en una democracia participativa.
Una simulación que representa una madeja para revelar las irregularidades y hasta ilegalidades en las que se incurrieron, desde la falta de verificación de la autenticidad de los firmantes de la petición de municipalización al Congreso del Estado, lo que equivale a haberle dado trámite a una solicitud sin firma, hasta organizar el plebiscito con un presupuesto que lo hacía imposible.
Irregularidades que hasta este día han dado pie a cuando menos siete solicitudes de amparo que, aunque hayan sido desechados tres y otros aún estén el proceso, ya se dio el caso de uno que avanzó y en el que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito suspendió provisionalmente la posibilidad de que se decrete la creación del nuevo municipio.
Un golpe de realidad que escala en cuanto a las dificultades para atender a la urgencia no explicada para una municipalización exprés que, de entrada, con la resolución del Tribunal mínimo se retrasará por unos días.
Si el fracaso por el abstencionismo fue superable y hasta con la ventaja de voltear su significado al grado de aparentar un apoyo mayoritario de la población, que un Tribunal federal estime que hay elementos para decretar una suspensión provisional abre la posibilidad de que la cadena de desafortunadas omisiones durante el proceso generen nuevas suspensiones.
Hay cuando menos dos solicitudes de amparo previas a la realización del plebiscito pendientes de admisión y, una vez realizada la votación y emitido el resultado, ya no sólo se generarán más juicios de amparo, sino también juicios de protección a los derechos del ciudadano (JDC) ante el Tribunal Electoral.
Lo desaseado del proceso, desde la recolección de firmas hasta la manera forzada en que se hizo manita de puerco al CEEPAC para que realizara el plebiscito, comenzará a cobrar factura a cargo de distintos y disímbolos grupos de la sociedad civil, incluidos habitantes de la Delegación de Villa de Pozos.
Amparos y JDC que hoy tienen como acto impugnable el plebiscito realizado y su resultado, pero que, incluso al momento de decretarse el nuevo municipio, tendrían mayor materia para combatir judicialmente un proceso que, de no haber sido por la urgencia inexplicada, pudo haber sido realizado con tal pulcritud con un resultado difícilmente impugnable.
Un efecto que muestra que un gobernador que cree estar por encima de las leyes y de las instituciones ha tenido que someterse más de una vez al control judicial federal, como ocurrió con las obras de avenida Himno Nacional y el Barrio de San Miguelito… y comienza a haber indicios de que volverá a ocurrir con la municipalización forzada de Villa de Pozos.
