Por Victoriano Martínez
Mañana domingo las 669 mil 525 personas del municipio de San Luis Potosí que cuentan con credencial de elector conforme a la lista nominal del INE con corte al 31 de julio tienen una cita a ciegas con las urnas para opinar si están de acuerdo o no en que la Delegación de Villa de Pozos se convierta en municipio… sin que se les haya aportado un solo dato sobre lo que eso representa.
Una cita convocada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 19 de julio, con una estrategia de comunicación cuyos objetivos se plantearon en tres etapas: (1) que la ciudadanía se entere de que hay un plebiscito sobre la municipalización de Villa de Pozos, (2) informar quiénes pueden participar, y (3) lograr que la ciudadanía ubique las mesas receptoras de opinión.
De acuerdo con la exposición del consejero electoral, Marco Iván Vargas Cuéllar, el 16 de agosto, no se consideró proporcionar a la población información sobre pros y contras de crear el municipio 59, a pesar de que él mismo, en el periódico Pulso, señaló que “abundan estudios que demuestran que una ciudadanía informada se involucra y participa”.
“Tienen que discutirse las implicaciones, beneficios y posibles afectaciones en términos de desarrollo y ordenamiento territorial y urbano, servicios públicos, movilidad, competitividad urbana, desarrollo económico y comercial, desarrollo político, identidad histórica y otros factores”, señaló sobre el proceso para municipalizar Villa de Pozos.
Pero ni porque en los lineamientos del plebiscito el CEEPAC estableció que “promoverá la participación ciudadana y será la única instancia a cargo de la difusión”, nunca abrió el debate sobre las implicaciones, posiblemente porque nunca contaron con la información para hacerlo o la que había disponible resultó inconsistente.
Ni en el micrositio Web del CEEPAC, ni en el expediente publicado por el Congreso del Estado fue posible encontrar información pertinente para normarse un criterio para la importante decisión que se debe manifestar este domingo. Lo más cercano es un documento de información financiera y estadística que, para colmo, presenta datos inconsistentes.
Por ejemplo, la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Janin Hernández de los Santos, reporta que en 2022 se aplicaron 35 millones 272 mil 165.88 pesos al capítulo 1000 (nómina) en Villa de Pozos, en tanto que Arturo Jaimes Núñez, tesorero municipal, señala un gasto de 33 millones 269 mil 510.77 pesos.
En la información del tesorero, la suma de los ingresos en Villa de Pozos desglosados por impuestos, derechos, aprovechamientos y productos arroja durante 2022 un total de 133 millones 143 mil 436.63 pesos, y este año en los primero seis meses ya lleva 110 millones 543 mil 180.40 pesos. Un aumento muy alto que se cita sin mayor explicación.
Una carencia de información que sólo confirma lo que Luis González Lozano, dirigente de Cambio de Ruta, ha denunciado en redes sociales.
“Revisando, falta lo que los académicos han llamado estudios técnicos justificativos, que resuelven cómo se atenderán los siguientes temas:
“Infraestructura administrativa, básica, educativa y de salud; recursos, servicios públicos, salarios, prestaciones sociales al personal, pago de servicios y mantenimiento municipal, mantenimiento o construcción de vialidades, agua potable, drenaje, demografía, índices de marginación absoluta y de rezago social, medioambiente, movilidad, desarrollo urbano, etc.”, enlistó.
Un plebiscito enfocado en la forma (que la gente vote), pero desentendido del fondo (que la gente sepa con razones qué va a decidir). Pero con una forma también descuidada con señalamientos de uno de los capacitadores que, por hacerlos en su escrito de renuncia, la irregularidad señalada no merece ser tomada en cuenta.
Si la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) usó los documentos de identificación de los beneficiarios de programas sociales para registrarlos como funcionarios de las mesas receptoras de opinión, ¿cuántos de los 3 mil 236 lo hicieron por voluntad propia?
El CEEPAC informó que, del total, 733 (el 22.65 por ciento) cuentan con experiencia electoral. ¿Cuántos de los 2 mil 503 restantes fueron incorporados por la estructura electorera de la SEDESORE?
Lamentable que Vargas Cuellar declare que no se investigará porque fue un escrito de renuncia y no de denuncia, como si no los hubiera enterado de una irregularidad, incluso con la precisión de que lo hizo para no ser cómplice.
Cuando el consejero electoral aún escribía en Pulso sobre el plebiscito dijo: “No hay que olvidar que un Plebiscito, como cualquier consulta organizada por una autoridad constitucional, debe cumplir con estrictos estándares de certeza y legalidad”.
¿Acaso como consejero electoral, a él y a sus compañeros no les corresponde velar por que se cumplan esos principios? A estas alturas, se trata de una postura congruente con la sumisión a la voluntad del Poder Ejecutivo, en grado humillante, que han exhibido durante todos los preparativos del plebiscito.
Han llegado al extremo de afirmar que la ley no contempla infracciones que emitir ante conductas irregulares, lo que deja el campo abierto para que mañana las mesas receptoras de votos estén integradas por beneficiarios de los programas sociales y que otros beneficiarios de esas ayudas sean acarreados a emitir su opinión.
¿Para qué informar a la ciudadanía para que pueda tomar una decisión razonada, si todo se puede simular? ¿Cuántas de las 669 mil 525 personas con credencial de elector estarán verdaderamente dispuestas a acudir a esa cita a ciegas para manifestar su opinión?
