Abelardo Medellín
El plebiscito sobre Villa de Pozos está situado como el segundo más costoso y con menor participación ciudadana del país en los últimos 21 años. Con un presupuesto de 20 millones de pesos ejercidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), apenas se logró que acudiera a emitir su opinión el 6.82 por ciento de un padrón de 669 mil 525 electores.
La revisión realizada por Astrolabio Diario Digital a una decena de plebiscitos organizados en México, arroja que en estados como Yucatán, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, se llevó a cabo este ejercicio con un menor presupuesto y se consiguió un porcentaje de participación ciudadana mayor al que se obtuvo recientemente en San Luis Potosí, que solo superó a la Ciudad de México.
Sobre el caso específico de San Luis Potosí, una vez que el Ceepac contabilizó todas las actas durante la madrugada, informó que 36 mil 492 personas manifestaron que “Sí” están de acuerdo con que Villa de Pozos sea municipio, mientras 8 mil 839 opinaron que “No” y 382 opiniones fueron nulas.
Aunque al principio el Ceepac solicitó un presupuesto de 55.8 millones de pesos para realizar el plebiscito, este le fue negado por el Gobierno del Estado, que únicamente le entregó 20 millones, aunque el mismo organismo electoral manifestó que sería imposible llevar a cabo el ejercicio con menos de 23.
Hace 13 años, en Baja California y Baja California Sur también realizaron plebiscitos para definir la conformación de nuevos municipios.
En 2010, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) organizó un plebiscito ante la petición de crear un sexto municipio. En dicho ejercicio participaron 4 mil 132 personas de las 19 mil 655 personas inscritas en la lista nominal que podían expresar su opinión, es decir, el 21.02 por ciento, el triple de participación registrada en San Luis Potosí.
Según el acuerdo CG-033-SEPTIEMBRE-2010 del IEEBCS, dicho plebiscito tuvo un costo de 3 millones 792 mil 267 de pesos.
Otro caso es el de San Quintín en Baja California, ocurrido en 2012, en donde se realizó un plebiscito para consultar si el poblado debía convertirse en el sexto municipio del estado. Luego de celebrado el ejercicio y al haber participado 25 mil 351 personas de las 330 mil personas de la lista nominal, el computo arrojó una participación del 7.24 por ciento.
Este ejercicio tuvo un costo de 3.6 millones de pesos, según lo registrado en un informe de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Solicitud de Municipalización de San Quintín, publicado por el Poder Legislativo de Baja California el 6 de noviembre de 2012.
Un tercer caso ocurrió también en Baja California: el plebiscito realizado en 2020 para consultar si el poblado de San Felipe debía convertirse en municipio; en este ejercicio se registró una participación ciudadana del 16.39 por ciento.
No existe información pública sobre el costo de este último ejercicio; sin embargo, resalta que el gasto fue asumido por completo por el Poder Legislativo de la entidad, de acuerdo con un Convenio suscrito entre el Instituto Estatal Electoral y el Congreso.
Por parte del estado del norte, ambas localidades se convirtieron en los municipios sexto y séptimo, respectivamente. Sin embargo, solo en el caso de San Felipe se alcanzó en la votación el margen necesario para volver la opinión vinculante; mientras que, en el caso de San Quintín, se requirió una posterior intervención del Poder Legislativo para reconocerlo como municipio, ya que el resultado no fue vinculante.
En México también se han organizado plebiscitos que no necesariamente fueron para municipalizar territorios, pero sí mostraron una mayor participación que el que se llevó a cabo en San Luis Potosí.
En 2019, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEEC) le preguntó a la ciudadanía:
“¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Chihuahua el 26 de abril del 2019, denominado “Iluminamos Chihuahua” que autoriza concesionar la prestación del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua por un máximo de 15 años?”.
Este plebiscito se realizó en todo el estado chihuahuense y fue la primera ocasión en que la administración de la entidad consultó sobre un acto del gobierno.
Tras la jornada celebrada el 24 de noviembre de 2019, el IEEC reportó que un total de 62 mil 58 ciudadanos expresaron su voto, de los cuales 26 mil 527 dijeron que sí; 35 mil 229 dijeron que no y solo 302 decidieron anular su voto, con lo que se reportó una participación ciudadana del 8.94 por ciento; no obstante, la ley especificaba que para que la votación fuera vinculante debía superar el 10 por ciento de la participación.
Pese a que no se alcanzó el umbral para ser vinculante “fue suficiente para que la autoridad municipal aceptara la voluntad de las y los chihuahuenses que se expresaron en la consulta sobre el proyecto del alumbrado público”.
El plebiscito de Chihuahua tuvo un costo de 8.9 millones de pesos, según informó el Instituto Electoral del Estado desde el 8 de octubre de ese año; 11.1 millones de pesos menos que el ejercicio desplegado en San Luis Potosí.
Guanajuato tiene una experiencia similar con los plebiscitos para consultar con la población acciones de gobierno.
El 5 de diciembre de 2010, el municipio de Guanajuato realizó un plebiscito a través del cual se consultó:
“¿Aprueba la decisión del Ayuntamiento de Guanajuato que autorizó la posibilidad de cambio de uso de suelo del predio denominado “Granja La Bufa” de parque urbano y de preservación ecológica a zona de comercio y habitacional?”.
Para este plebiscito se emitieron 14 mil 941 opiniones, lo que representa el 12.84 por ciento de los 116 mil 349 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de Guanajuato al 31 de octubre de 2010.
Al igual que en otros casos, la votación en Guanajuato no llegó al 50 por ciento de la participación que por ley debía alcanzar para ser vinculante, por lo cual el resultado se tomó como solo “indicativo”.
De acuerdo una publicación del Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el plebiscito para la conservación de “Granja La Bufa” tuvo un costo de un millón 110 mil 761 pesos, es decir, que costó 18 veces menos que el plebiscito para la municipalización de Villa de Pozos.
De entre los estados del Bajío con historial de plebiscitos, también se puede revisar el ejemplo de Querétaro, entidad cuyo primer plebiscito se realizó el 17 de octubre de 2016 y a través del cual se les preguntó a los habitantes del municipio El Marqués lo siguiente:
“¿Está usted de acuerdo en que se concesione el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Marqués, Querétaro?”.
Tras computar los resultados, 5 mil 334 votos fueron por el “Sí”, 7 mil 932 votos por el “No”, con un total de 13 mil 266 opiniones recabadas, lo cual representó el 13.9 por ciento de participación, si se toman en cuenta los 95 mil 414 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores del municipio.
De acuerdo con la Memoria del plebiscito 2016 del estado de Querétaro, el presupuesto aprobado y ejercido fue de 2 millones 789 mil 561 pesos.
Todos los ejemplos abordados hasta ahora superan en al menos un punto porcentual la participación del plebiscito sobre Villa de Pozos en San Luis Potosí, sin embargo, la mayoría son diminutos al compararlos con los tres plebiscitos que se han realizado en Yucatán.
En el poblado rural de Acanceh se realizó el primer plebiscito del estado de Yucatán el domingo 25 de septiembre de 2011, para consultar sobre la demolición de una cancha de futbol rápido.
En una jornada donde la mayoría de los participantes fueron campesinos mayas, participaron 4 mil 64 ciudadanos, registrando una participación de aproximadamente el 40.19 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal en Acanceh.
Según diarios de la región, 2 mil 290 ciudadanos se manifestaron a favor de demoler la cancha de fútbol, que ya tenía 80 por ciento de avance, mientras que mil 704 estuvieron a favor de terminarla; de igual forma se registraron tan solo 70 votos nulos.
Tras el ejercicio para el cual solo se instalaron siete centros de votación, pero se obtuvo una participación de más del 40 por ciento de los habitantes, el alcalde de dicha demarcación Juan Pech Sonda, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que recurriría al Tribunal Electoral del Estado para inconformarse contra la opinión ganadora.
Según el acuerdo C.G.011-2011 del Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, este primer plebiscito del estado tuvo un costo de 149 mil 591.20 pesos.
En 2014, la entidad yucateca celebró otro plebiscito en el municipio de Chapab, donde se le preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo en “la construcción de una obra pública en la explanada ubicada en la calle 26 por 25 y 27 a un costado de la escuela primaria estatal Santiago Méndez Gil”; el resultado de dicho ejercicio fue de 569 votos a favor, 566 en contra, 19 nulos y una participación de 46.16 por ciento.
Según el informe de actividades que presentó la consejera presidenta del Instituto en 2014, el plebiscito de Chapab tuvo un costo de 323 mil 830.39 pesos.
El tercer ejemplo proviene del municipio de San Felipe, Yucatán, lugar en el cual se consultó a la ciudadanía lo siguiente:
“¿Está usted de acuerdo en la ubicación de la construcción de la Casa de la Cultura en los terrenos de la Antigua Hielera, localizada en la zona federal marítimo terrestre, en colindancia con el número 49 de la calle 9 del municipio de San Felipe, Yucatán?”.
Tras celebrado el proceso de consulta a la ciudadanía, se registraron un total de 544 votos a favor, 371 votos en contra y cuatro votos nulos, lo que representó un 60.94 por ciento de participación ciudadana.
En el acuerdo C.G.005-2013 publicado por el Instituto Electoral de Yucatán, se expone que este plebiscito tuvo un costo de apenas 25 mil 472.08 pesos.
Para encontrar un plebiscito con una participación ciudadana menor a la que se registró en San Luis Potosí el pasado domingo, hay que remontarse 21 años al entonces llamado Distrito Federal, cuando se les consultó a los “defeños” sobre la construcción de segundos pisos en vialidades como el viaducto Miguel Alemán y el Anillo Periférico.
De los 6 millones 336 mil 261 habitantes inscritos en la nominal de las 16 delegaciones en conjunto, solo emitieron su opinión 420 mil 536 personas, lo cual se traduce en una participación del 6.63 por ciento, tan solo 0.19 por ciento menos a la registrada en el plebiscito sobre Villa de Pozos.
Aunque fue muy similar en resultados de participación ciudadana, el plebiscito de 2002 en el Distrito Federal fue más costoso que el celebrado en San Luis Potosí, con un gasto final de 48 millones 691 mil 209.15 pesos.
El costo previsto contra el costo final del voto
El costo del plebiscito sobre la municipalización de Villa de Pozos se mantiene como uno de los más altos a en la historia del país, al dividir el presupuesto erogado entre el número de personas inscritas en la lista nominal o entre el número de personas que participaron.
Si tomamos el presupuesto ejercido en cada uno de los 11 plebiscitos realizados en el país en los últimos 21 años y lo dividimos entre el número de integrantes del padrón electoral que tenía cada uno, encontramos que el Distrito Federal preveía un menor costo, con solo 7.68 pesos por ciudadano.
Según este cálculo, el más costoso de los plebiscitos fue el de Baja California Sur, al haber gastado 192.94 pesos por cada integrante de la lista nominal, seguido del plebiscito de Yucatán en 2014, cuando se erogaron 129.53 pesos por cada votante potencial; en el tercer lugar se encuentra San Luis Potosí, que este 2023 estimó un costo de 29.87 pesos por cada uno de los 669 mil 525 integrantes de la lista nominal que podía participar en el plebiscito.
La posición de San Luis Potosí entre los estados que más gastaron en sus plebiscitos asciende al segundo lugar si se considera el gasto por opinión emitida.
Si se divide el presupuesto destinado a cada ejercicio entre el número de personas que efectivamente fueron a participar, el menos costoso de los plebiscitos fue el de Yucatán en 2013 (el que mayor participación ciudadana ha tenido) al haber gastado 27.72 pesos por cada participante efectivo.
En contraste, el estado con el plebiscito más costoso en función del número de participantes fue de nuevo Baja California Sur, al haber invertido 917.78 pesos cada persona que participó; en segundo lugar se encuentra San Luis Potosí, cuyo plebiscito requirió 437.51 pesos por cada ciudadano que emitió su opinión. En tercer lugar, se encuentra el plebiscito de Yucatán en 2014, en el cual se erogaron 280.62 pesos por cada participante.
