Fernanda Durán
El Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales con la que busca garantizar el pago puntual de las pensiones, además de subsanar el déficit financiero que lo amenaza en un par de fondos, debido a dos amparos que requieren la actuación de las autoridades.
El dictamen fue aprobado con 25 votos a favor en esta última sesión del periodo ordinario del Congreso del Estado.
El artículo 28 al que refiere el Gobierno ya contempla que, ante una crisis provocada por el déficit de un fondo, las instituciones de la administración pública estatal o municipal, deben asumir y cubrir las prestaciones de los trabajadores activos y pensionados, pero la reforma propuesta por la administración establece que la Dirección de Pensiones pida a la Secretaría de Finanzas (Sefin) la asignación de recursos necesarios para enfrentar el déficit y concluir el ejercicio fiscal en curso, con una solicitud que debe realizarse a más tardar el mes de agosto de cada año, misma que deberá incluir el monto que se requiere por concepto de pensiones.
Esta solicitud tendrá que incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Sefin y su pertinencia será verificada por el Congreso del Estado.
Ahora el procedimiento para que el Poder Ejecutivo se haga cargo de las pensiones estará sujeto a tres precondiciones: el fondo que padezca el déficit debe pasar por una auditoría, en conformidad con el artículo 17 de la ley en la materia, antes de recibir recursos; el dinero que se destine a capitalizar el fondo será derivado de los ingresos excedentes conforme a lo establecido en el con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y la solicitud de rescate al fondo solo se podrá hacer en un plazo de seis meses de anticipación a que el fondo se vea agotado.
El artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera específica que la aportación a fondos de pensiones es considerada entre los conceptos que pueden recibir los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las entidades federativas.
Con esta reforma el Poder Ejecutivo y el Legislativo buscan dar cumplimiento a las sentencias dictadas en dos juicios de amparo indirecto: uno de 2019 y otro de 2021, en las que se exige al Estado y al mismo Congreso tomar medidas para garantizar el pago de las pensiones a los demandantes.
Diputada pide subsanar el adeudo con Pensiones
Previo a la votación de la reforma, la diputada Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, señaló que esta modificación solamente sienta las bases del principio de una solución que si se continúa llevará al menos diez años, que junto a los diputados ha impulsado desde que llegó al Congreso.
No obstante, mencionó que si bien estaba a favor de la reforma, necesitaba solicitar de manera puntual que se continúe con el pago de los adeudos al Fondo de Pensiones, ya que si esto no sucede, contribuirían al quebranto de forma permanente.
“Solicito muy puntualmente que pueda continuar con el pago de los adeudos, pues a la sección 52 del SNTE se le deben un total de mil 159 millones 746 mil 477.84 centavos (…). Este adeudo debe ser pagado reconociendo el esfuerzo que dicho grupo cotizador ha hecho [con las reformas para mantener estable su fondo de pensiones]. Por eso el gran total representa 4 mil millones, pues al sector burócrata le adeuda 2 mil 800 millones aproximadamente, es necesario que se pague al fondo de pensiones”.
También aclaró que a la sección 26 del SNTE “no se le debe ni un solo peso porque la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado está entregando puntualmente, por mes, los 12 millones aproximados de los trabajadores”.
Finalmente, solicitó que una vez aprobada la reforma se realicen mesas de trabajo con los diferentes grupos cotizadores para llegar a acuerdos constructivos a favor de sus integrantes jubilados y pensionados para el pago de la deuda de pasivos.
