Abelardo Medellín
Aunque aún hay organismos e instituciones que podrían echar abajo la municipalización de Villa de Pozos, es poco probable que lo hagan, pues la decisión aprobada por el Congreso del Estado está respaldada por el voto popular, de acuerdo con Pedro Iván Olvera Rosillo, profesor de la Facultad y el Posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Este lunes 22 de julio, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen para la creación del nuevo municipio de Villa de Pozos y para que su Concejo Municipal entre en funciones el próximo 1 de octubre como el resto de los ayuntamientos.
El especialista en administración pública reconoció que aún hay autoridades que, históricamente, pueden detener el proceso de municipalización e incluso ya lo hicieron en el pasado.
Olvera Rosillo recordó que en el año 2000 el Congreso del Estado acordó constituir una solicitud de municipalización que firmaron mil 635 personas en 1995 y que había sido suprimida en ese entonces; en el 2002, con el apoyo del entonces gobernador Fernando Silva Nieto, el Congreso resolvió otorgar el carácter de municipio a la delegación, esto sin mediar plebiscito o medio de consulta como sí ocurrió en la actualidad.
Luego de que el Congreso aprobó la municipalización hace 12 años, el Ayuntamiento de la capital, a cargo de Marcelo de los Santos, promovió una controversia constitucional con el número 15/2003, en el cual se explicaba que el legislativo había promovido dicho proceso sin tomar en cuenta si lo solicitado por los ciudadanos era procedente o improcedente de acuerdo con la ley.
“Ellos aludieron también que afectaba presupuestalmente al municipio de la capital, manejaron la poca factibilidad”, afirmó el catedrático.
Precisó que, con estos antecedentes, queda claro que el propio municipio de la capital, encabezado por Enrique Galindo Ceballos podría volver a pelear la municipalización votada el día de voy vía una controversia constitucional, como lo hizo entonces de los Santos Fraga.
Pese a que es una posibilidad derribar la decisión del Congreso, Olvera Rosillo mencionó que hay dos factores que podrían adelantar que nadie peleará la municipalización.
En primer término, el catedrático mencionó que a la decisión aprobada por el Congreso del Estado la cruzan intereses de corte político y económico que giran alrededor de este tema, uno de ellos, el referente a posibles beneficios inmobiliarios. Por otro lado, el instrumento plebiscitar que justifica la decisión hace que sea más complejo que un juzgador le dé la razón a alguna autoridad que busque pelear el asunto.
“Hay una voluntad popular manifiesta legalmente en esa figura legal que es el plebiscito, entonces ahí va a estar muy complicado que ganen la controversia constitucional, la respuesta de que si se puede impugnar: sí, sí se puede impugnar, que tenga buen resultado lo veo muy complicado”.
El especialista precisó que la municipalización podría ser controvertida una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) y que la vía de la controversia constitucional es un medio del cual sólo se pueden hacer cargo instituciones o poderes locales, mientras que la ciudadanía sólo podría pelear esta decisión vía el amparo en protección de sus derechos.
