Antonio González Vázquez
Aunque ya existen 38 anteproyectos de dictamen respecto de diversas iniciativas de reformas constitucionales, es poco probable que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputado se pongan de acuerdo para convocar a un período extraordinario en el que se discutan y aprueben, reconoció Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Refirió que siempre es posible un período de sesiones extraordinarias, aunque en este momento es “poco probable”.
La LXV legislatura concluyó su último período ordinario de sesiones el pasado 30 de abril y dejó entre sus pendientes un paquete de reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre estas la reforma al Poder Judicial.
En ese sentido, el legislador señaló que el período extraordinario está en la Constitución y es posible, pero su viabilidad depende de la Comisión Permanente, pues se requiere de las dos terceras partes de la Cámara para convocar.
Indicó que un probable período extraordinario lo podría provocar algún asunto importante o un cimiento de acuerdo político entre los grupos parlamentarios, “lo veo probable, no tanto”, admitió.
En espera de lo que pueda ocurrir, dijo que en la Comisión de Puntos Constitucionales “tenemos 38 anteproyectos de dictamen y podemos sesionar, el trabajo técnico que nos tocaba hacer lo hicimos”.
Informó que esa Comisión ha hospedado en un micrositio digital de la instancia legislativa los 38 anteproyectos de dictamen, están a la vista de todas y todos los diputados de los grupos parlamentarios de la propia comisión para que hagan sus propuestas.
Destacó que entre esos anteproyectos “hay dos muy importantes que incluyen cinco materias de las propuestas del presidente, aglutinadas con otras de las y los legisladores sobre el artículo cuarto constitucional y que tienen que ver con la salud universal, protección a los alimentos, agua, medio ambiente, sistema de pensiones”.
Agregó que “hay cuatro iniciativas más que van al 123 constitucional sobre postulados como la obligación del Estado en defensa del medio ambiente y los salarios”.
Robledo Ruiz dijo que otro de los pendientes es expedir una nueva Ley General de Aguas, en cuyo caso, lamentó que sería algo que la próxima legislatura deberá atender como algo prioritario, pues es necesario dar prioridad en la disposición del agua al consumo humano.
Algo similar sucede con la reforma eléctrica que fue rechazada por la oposición en 2022, en la que se consideraba como derecho humano el acceso a la energía eléctrica, un acceso libre, universal y en términos de acceso económico para todos.
“Yo estaría de acuerdo que se inscribiera en la Constitución como un derecho humano el acceso posible de todos los mexicanos a la energía eléctrica”, subrayó.
Están las posibilidades de llevar los temas a la mesa en un período extraordinario, aunque lo más probable es que sea para la siguiente legislatura.
