Por Victoriano Martínez
Es muy probable que en la sesión del Congreso del Estado de este jueves los diputados confirmen su actitud condescendiente con el gobernador Juan Manuel Carreras López al ratificar a nueve magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a pesar de una serie de cuestionamientos tanto al proceso como a los personajes que serán sometidos a votación.
La Gaceta Parlamentaria para la sesión de hoy cuenta con mil 700 páginas, de las cuales mil 522 corresponden a los nueve dictámenes para ratificar como magistrados a Luis Fernando Gerardo González, Graciela González Centeno, Rebeca Anastacia Medina García, Juan Paulo Almazán Cue, Arturo Morales Silva, María Refugio González Reyes, María del Rocío Hernández Cruz, Olga Regina García López y Juan José Méndez Gatica.
¿Cuántos diputados habrán leído con detenimiento esas mil 522 páginas para poder presumir que su voto será razonado? La pregunta es procedente porque la calidad de su sufragio es uno de los principales cuestionamientos del voto particular presentado por el diputado Rubén Guajardo Barrera contra los nueve dictámenes
¿Cuántos de los 27 diputados habrán leído con detenimiento al menos las 106 páginas del voto particular de Guajardo Barrera? Al incluir ese documento al final de cada dictamen, de las mil 522 páginas, el contenido de los dictámenes se reduce a ocupar 535 páginas. ¿Al menos habrán leído esas?
La sospecha es que no lo hicieron, como han dado cuenta en casos de anteriores nombramientos propuestos por Carreras López, a quien se le dice que sí, aunque les vuelva a dar la misma sopa que ya habían rechazado. Está fresco el sabor del nombramiento de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura, que también forma parte de la sazón de la sopa de hoy.
Como parte de la estructura de los dictámenes, se incluyen los resultados de las opiniones recabadas durante cinco días, del 29 de junio al 2 de julio, conforme al aviso que se hizo público en el Periódico Oficial del Estado del 26 de junio, de asociaciones de abogados, sindicatos, personal del Poder Judicial, universidades, organizaciones y cualquier persona interesada.
Si los diputados hubieran leído los dictámenes, podrían debatir –entre muchas otras cosas– sobre las 133 opiniones recibidas por la Secretaría General de Gobierno, de las cuales 39 fueron pronunciamientos por la no ratificación de los magistrados. Sólo sobre la magistrada García López no hubo opiniones por la no ratificación.
Elemento importante para ese debate sería que ninguna de las 94 opiniones favorables contó con pruebas anexas, en tanto que en los casos de pronunciamientos de no ratificación en al menos la tercera parte se anexaron pruebas documentales y de publicaciones. Almazán Cue fue quien más opiniones negativas recibió con nueve, de las cuales en tres se aportaron pruebas.
No obstante, la opinión desfavorable que involucra a los nueve propuestos para ser ratificados la presenta Guajardo Barrera en su voto particular con pruebas documentales de que los prospectos incurrieron en usurpación de funciones del Consejo de la Judicatura y en una falla elemental por tratarse de juzgadores: no oír y vencer en juicio a Adriana Monter Gurrero.
Además de la irregular destitución de Monter Guerrero, los nueve magistrados que hoy podrían ser ratificados votaron el nombramiento de Rosario Torres Mancilla como secretaria general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Llevado el caso al Consejo de la Judicatura, Almazán Cue como presidente del organismo apoyado por otro consejero, impidieron que se abriera una investigación sobre la usurpación a las facultades de ese órgano. El otro consejero que contribuyó a impedir la investigación fue… el recién nombrado para continuar en su cargo, Javier Delgado Sam.
Por si existiera alguna duda sobre el entramado a modo que el gobernador Juan Manuel Carreras López teje no sólo en el Poder Judicial, pero sí con elementos que de ahí provienen, otro de los personajes que intervinieron en la usurpación de funciones de la sesión a que hace referencia Guajardo Barrera es Felipe Aurelio Torres Zúñiga, el candidato a Fiscal Anticorrupción.
La probable ratificación por parte del Congreso del Estado de estos personajes no sólo confirmaría la condescendencia de los diputados para con su gobernador, sino que dañaría la confiabilidad de uno de los tres poderes al dejar sin ninguna garantía la independencia judicial, tanto institucional como individual, y la imparcialidad, tanto objetiva como subjetiva.
