Por Victoriano Martínez
El proceso de ratificación de los nueve magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado acumula deméritos que, como parte de la temporada de nombramientos a modo en el Congreso del Estado para acomodar el entramado post sexenal de Juan Manuel Carreras López, contribuyen a reforzar el compromiso de cubrirle la espalda a quien le deberán su permanencia en el cargo.
Por segunda ocasión se dará, según lo anunció el diputado Rubén Guajardo Barrera, un voto particular en contra. El primero lo presentó el diputado Edgardo Hernández Contreras a propósito del nombramiento de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura, que también forma parte del Poder Judicial.
Si bien en los últimos meses el magistrado Juan Paulo Almazán Cue fue el blanco principal de los señalamientos de situaciones en las que incurrió que ponen en duda su viabilidad para ser ratificado en el cargo, en su anunciado voto particular Guajardo Barrera denuncia actos por los que asegura que todos los prospectos habrían incurrido en usurpación de funciones.
Un señalamiento que, además de a Almazán Cue, alcanza a los magistrados Arturo Morales Silva, Juan José Méndez Gatica, Graciela González Centeno, Luis Fernando Gerardo González, María Refugio González Reyes, Olga Regina García López, Rebeca Anastacia Medina García y María del Rocío Hernández Cruz, quienes es muy probable que sean ratificados este jueves.
Señalamientos que, muy lejos de poner un freno a las ratificaciones, parecen respaldar más la determinación como ocurrió con el caso de Delgado Sam. Aquel voto particular presentado por Hernández Contreras aún se encuentra en proceso de dejar de ser meramente testimonial en caso de proceder acción de inconstitucionalidad promovida por el legislador.
Un voto particular que contribuirá a confirmar, una vez que se consume la ratificación promovida por Carreras López, que se privilegia evitar la búsqueda de personajes con el mejor perfil para defender el interés general y convierten en méritos la exhibición de actos y actitudes que mientras mayor descrédito les aporten, en más elegibles los convierten, para el intercambio de favores.
En ese esquema invertido de valoración de cualidades para ocupar un cargo, los nueve magistrados hoy señalados por Guajardo Barrera poco tienen de qué preocuparse si no les importa que esas manchas los exhiban como incondicionales del gobernador y la camarilla en torno al poder, el cargo lo tienen asegurado.
Ante ese esquema invertido de valoración de cualidades, si la de Guajardo Barrera es una postura en serio, entonces resulta el más comprometido a comenzar el camino que siguió el primer voto particular de Hernández Contreras, y ya debe preparar muy bien el litigio para la acción de inconstitucionalidad.
Dos votos particulares en menos de dos meses en procedimientos de nombramientos que a todas luces son a modo del gobernador, con la elección de Fiscal Anticorrupción en puerta y la reciente del titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con las mismas características, sólo son indicadores de lo inadecuado del mecanismo.
No obstante, resulta iluso que un Congreso del Estado integrado por diputados que han dado muestras de tal sumisión pudieran revisar a fondo ese mecanismo para los nombramientos y trabajaran en generar las reformas legales que abrieran paso a un mecanismo que privilegie los méritos de quien sea nombrado y abra una mayor participación posible de la ciudadanía.
En tanto se mantengan los nombramientos basados en complicidades difícilmente se logrará que las instituciones estén integradas por personajes que actúen con la autonomía y la independencia que abran paso a instituciones sólidas que respondan a los intereses de la población.
