Abelardo Medellín
Es preocupante que el Ayuntamiento de San Luis Potosí utilice elementos de la fuerza pública para controlar una manifestación como la realizada el martes 11 de julio por habitantes de El Saucito, quienes se oponen a la construcción del paso a desnivel a un costado del templo, señaló Guillermo Luévano Bustamante, doctor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
El investigador explicó que, en este caso en el que hubo un grupo de manifestantes que ocuparon una vía pública, lo que ocurre es una “confrontación de dos derechos”: el de manifestación de parte de los inconformes, y el de libre tránsito de parte de quien pretendiera pasar en la zona.
“No siempre está claro cuál derecho prevalece, normalmente acaba siendo un juez quien determina si se lleva una disputa judicial”, comentó.
Aunque indicó que la definición de si hubo o no agresión dependerá de una determinación judicial, lo ideal es que el Ayuntamiento no llegue al punto de usar la fuerza pública y provocar confrontaciones como las que se registraron la noche del 11 de julio.
El investigador comentó que el uso de la fuerza pública en manifestaciones es preocupante, dado que persiste la percepción de que hay presencia insuficiente de las corporaciones policiales para evitar hechos como el de la balacera ocurrida este fin de semana en el barrio de Tlaxcala, que terminó con dos personas muertas y varias más heridas.
“Ante una manifestación contra un proyecto de infraestructura, hubo un despliegue muy estructurado, muy organizado, muy disciplinado, que sí preocupa que haya una tentación permanentemente autoritaria, de represión tanto en el Ayuntamiento, quizá por la trayectoria y accidentes del alcalde, con su vocación muy policiaca, pero también preocupa del gobierno estatal, porque también hay una propensión a desacreditar expresiones de disidencia, de inconformidad, de manifestación pública”, dijo.
Adicionalmente, comentó que aunque el Ayuntamiento promueva recursos judiciales para realizar la obra, los vecinos de la zona aún pueden recurrir a algunos instrumentos jurídicos para detenerla.
“Si las partes promoventes, en este caso las asociaciones de vecinos y colonos, acuden todavía al Tribunal Colegiado a recurrir la resolución de la suspensión definitiva, esta se mantiene y probablemente logren mantenerla muchos meses. Creo que están aprovechando una especie de ventana de la suspensión judicial en lo que no hay una determinación clara para proceder”, comentó.
Luévano Bustamante afirmó que el Gobierno Municipal debe apelar a su sensibilidad política y sentarse con los sectores inconformes para analizar los proyectos alternativos que han planteado para la vialidad al norte de la ciudad, dado que la forma unilateral en que se ha realizado el proyecto pasa por alto temas de medio ambiente, movilidad y un enfoque incluyente.
“Desde que está vigente la Ley General de Movilidad hace un par de años, obliga a que el diseño de las ciudades sea accesible, democrático, inclusivo y que tenga un orden de prelación; se está pensando en el diseño de las ciudades solo para los coches y tendrían que ser ciudades más peatonales, no motorizadas, con movilidad no motorizada, con el uso de la bicicleta, favoreciendo el transporte público; y este proyecto es simplemente darle una falsa salida por pasos a desnivel a los coches”.
Dado que en el proyecto también se ha planteado talar una centena de árboles en el camellón central de la vialidad, el investigador afirmó que un proyecto como este requeriría una consulta en materia ambiental para analizar las afectaciones que traería a la población.
“En cuanto a la Ley Ambiental específicamente se prevé una consulta, pero además invocando instrumentos internacionales que son vinculantes para el caso mexicano, hay un acuerdo que se llama acuerdo de Escazú (…) fue firmado y México lo ratificó el año pasado, o sea que es obligatorio. ¿De qué se trata ese acuerdo de Escazú? Precisamente de la participación en la toma de decisiones en cuestiones ambientales, entonces sí que tenemos el derecho como ciudadanía a participar en la toma de decisiones para que no sea única y exclusivamente la autoridad que unilateralmente tome las decisiones, como a la vieja usanza”.
Además del tema ambiental, el catedrático comentó que debido que es un proyecto de movilidad, la obra tiene que estar respaldada por una consulta a personas con discapacidad.
“Podría ser el caso que, como implica movilidad, tiene que haber una consulta a personas con discapacidad, porque el proyecto está pensando en el automóvil privado, pero no tenemos opciones de accesibilidad, por lo menos no se conoce, y si las hay tendrán que ser consultadas con las personas con discapacidad”, afirmó.
Por último, Luévano Bustamante indicó que ante el gran número de pendientes que tiene el Ayuntamiento, para la administración municipal saldría más caro litigar este asunto que sentarse con los involucrados y escuchar las alternativas que proponen.
