Ángel Castillo Torres
Lo que está ocurriendo en el municipio de Matehuala es preocupante. Da la impresión de que el gobierno municipal, sus jefes policiacos y algunos funcionarios de primer nivel, andan en malos pasos.
El secuestro de un centenar de migrantes ocurrido a principios de abril despapó la cloaca, una semana después un comandante de policía fue puesto tras las rejas luego de que en su oficina se encontraron bolsitas con sustancias que tenían la apariencia de droga. Y para cerrar este entorno de descomposición apareció la gota que derramó el vaso, la filtración de un audio en el que se escucha un diálogo indicador que insinúa la complicidad del presidente municipal Iván Estrada Guzmán en un aparente contubernio con un personaje anónimo y siniestro. Todos estos síntomas expresan la probabilidad de que el crimen organizado esté controlando buena parte de la vida institucional y social en aquel municipio del altiplano potosino.
El fenómeno no es exclusivo de ese Ayuntamiento. En todo el país el crimen organizado ha logrado penetrar los gobiernos locales para construir un imperio de terror. Hay estudios que revelan que los mafiosos tienen presencia en mil 488 de los 2 mil 471 municipios que conforman nuestra república. Resulta aterrador enterarnos que, según expertos, los grupos del crimen organizado controlan el 81% del territorio nacional. Un estudio elaborado por AC Consultores, cuyas conclusiones fueron publicadas por el periodista Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, dejar ver que esto significa que 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial, atrapados en un entorno de violencia y delincuencia que parece no tener freno. Mafias como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, La Familia Michoacana, Los Zetas, Los Templarios, Cártel de Caborca, Los Talibanes, Los Rojos, Los Salazar y Los Viagras, extienden sus redes de poder por todo el país.
Desde la academia y según la mirada de organismos internacionales, México se encamina a convertirse en un Narco Estado. Por eso lo que está ocurriendo en Matehuala no es poca cosa, es una fuerte llamada de atención para que las autoridades federales y estatales actúen con firmeza, caiga quien caiga, porque se debe poner un ejemplo de que esto no se va a tolerar en nuestro estado. Las investigaciones deben ir a fondo para saber si el gobierno municipal y su presidente tienen algún pacto inconfesable con los criminales que actúan en aquella región.
La politización del caso Matehuala
Como parte de una débil defensa en favor del alcalde Iván Estrada luego de que fuera detenido por agentes de investigación de la Fiscalía General del estado para practicarle una prueba de voz que confirmara o descartara la autenticidad de una conversación en la que claramente se escucha la disposición a colaborar con “el cártel”, el Partido Acción Nacional en voz de su presidenta estatal Verónica Rodríguez, pidió respeto al principio de presunción de inocencia, llegando incluso a insinuar que las acciones de las autoridades estatales tienen un sesgo político para golpear la imagen de este partido y la del alcalde que milita en sus filas. Al politizar el tema la dirigente del PAN pretende distraer a la opinión pública de los hechos reales. Ella está consciente de que, si las investigaciones en curso llegaran a confirmar que el edil es cómplice de confabulación con el crimen organizado, el desprestigio caerá sobre su partido, justo en un tiempo en el que todos los institutos políticos se encuentran sometidos a un frenesí prelectoral para seleccionar a los candidatos que los representarán en las elecciones de 2024.
En los próximos meses las investigaciones deberán finalizar con un veredicto fulminante: Culpable o inocente. Si la mala fortuna cae sobre el edil Iván Estrada será separado del cargo y el Cabildo de Matehuala deberá elegir a un alcalde sustituto que termine el periodo para el que fue electo. Pero si es declarado inocente podría utilizar esta sentencia como arma política presentándose ante la sociedad y los electores como un perseguido político que logró derrotar una conspiración en su contra. En este último escenario el futuro político de Iván Estrada sería prometedor, puede, si quiere, buscar la reelección o postularse para diputado. En contraparte, si todo este escándalo es una farsa en la que se utilizó el aparato de procuración de justicia como instrumento para golpear enemigos, entonces tendremos que el efecto bumerang exhibirá a los autores intelectuales de esta conjura.
Para las próximas elecciones las autoridades electorales y los partidos políticos deberán frenar a los narco candidatos
Pero independientemente del final que tenga esta página negra de la historia política local, el INE, las autoridades y los partidos políticos deberán aplicar filtros muy estrictos para evitar que el dinero y los aliados del crimen organizado obtengan las candidaturas que estarán en disputa el próximo año. La enseñanza que nos está regalando este lamentable episodio que se está viviendo en el Ayuntamiento Matehuala así lo exige. La gobernabilidad futura del estado y la legitimidad de los representantes populares que se elegirán en 2024 no deben ponerse en riesgo por la potencial infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales.
Por ello resulta oportuno preguntar: ¿Cuenta el gobierno federal, la Secretaria de Gobernación, el gobierno estatal, la Fiscalía General del estado y los dirigentes de los partidos políticos con un mapa de riesgos que permita identificar personas, y grupos que ya desde ahora representan un potencial peligro para las elecciones 2024? ¿Se permitirá que se incube la ingobernabilidad y la violencia si no se frenan los intentos del crimen organizado de participar con candidatos en las elecciones del próximo año?
Pronto lo sabremos. Ojalá que se estén tomando medidas oportunas y eficientes, porque si no, que Dios nos agarre confesados.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación. Fue delegado de Villa de Pozos en 2022 y subsecretario de Gobierno de 2016 a 2017. Presidió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 2013. También fue director general del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. Ocupó los cargos de regidor en la capital potosina (2007) y de diputado local de la LVI Legislatura (2000). Impartió clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
