Por Victoriano Martínez
No sólo el INTERAPAS pretendía incrementar sus ingresos con cargo a los bolsillos de todos, aunque sí es una instancia cuyas tarifas para aumentarlos afectan directamente sus usuarios.
El Poder Judicial del Estado (PJE) también intentó un incremento por sus servicios: del 61.72 por ciento con relación a lo que costó en este 2018.
No se lo cobra directamente a la población como en el caso del INTERAPAS, pero sí lo obtiene de las aportaciones de todos, vía impuestos.
El PJE solicitó un presupuesto de mil 782 millones 313 mil 674 pesos para 2019, cuando este año ejerció un presupuesto de mil 102 millones 92 mil 329 pesos.
Intentaron, pues, gastar el próximo año 680 millones 221 mil 344.08 pesos más que este.
También el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) hizo su intento.
Pidió para 2019 un presupuesto de 74 millones de pesos para su gasto ordinario.
Este año, enfrentó su gasto ordinario con 51 millones 175 mil 549 pesos. Es decir, pidió 22 millones 824 mil 451 pesos más, que representan un incremento del 44.6 por ciento.
No hay organismo ni dependencia que no busque incrementar su presupuesto año con año.
Si se justifica o no, depende de la naturaleza de cada organismo.
Si es aceptable o no, depende del servicio real que cada organismo presta, y la efectividad con la que lo hace.
En el arranque de la 4T, con su austeridad republicana, esos intentos de incrementos en proporciones tan elevadas (39.85, 44.6 y 61.72 por ciento) aparecen fuera de lugar.
INTERAPAS, con la aplicación de una fórmula legal, enfrentó una oposición efectista que provocó una reacción de la misma naturaleza por parte de una diputación irresponsable que, lejos de buscar alternativas, arrasó a todos los organismos operadores de agua del Estado.
Tanto el Poder Judicial como el CEEPAC tuvieron su respuesta desde la iniciativa presentada por el Ejecutivo: al primero sólo le aumentó el presupuesto en un 9.33 por ciento y al segundo en un 2.58 por ciento.
El siguiente paso le corresponde al Congreso del Estado, con diputados que ya han mostrado que antes que analizar los asuntos con miras a favorecer a la población, voltean a ver qué presiones les conviene más atender.
