Estela Ambriz Delgado
Investigadores de El Colegio de San Luis (Colsan) informaron sobre los avances en el proyecto de Trasvases y Justicia Hídrica, entre los que destaca la recuperación de los conocimientos comunitarios para la defensa del agua, contrario a una perspectiva neoliberal en la ciencia, que beneficia a las empresas y desdeña el aporte de dicho conocimiento.
Luis Enrique Granados Muñoz indicó que el proyecto en conjunto con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y seis universidades públicas más, se encuentra en la última etapa de investigación, habiendo logrado el objetivo de producir conocimientos científicos sobre los daños socio ambientales provocados por obras fraudulentas como la presa El Realito, identificar a los posibles responsables, y las medidas de prevención, control y restauración que deben ejecutarse.
Destacó que ha sido abordado desde la perspectiva de incidencia social, lo que implica que los investigadores trabajen de la mano de las comunidades y las organizaciones de base comunitaria, como las Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; la comunidad agraria en Querétaro; el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito; ejidos y campesinos de distrito de riego en la Huasteca Potosina.
La doctora Elda Barbosa Briones mencionó que entre sus hallazgos ha sido una constante que los trasvases de agua de un lugar a otro implican quitársela a alguien más, es decir, no hay ningún caso de los estudiados donde haya agua que nadie utilice, además de que existe históricamente un despojo persistente que acentúa la desigualdad social, pues son los pueblos más desfavorecidos a los que se les quita el agua.
Ante estos despojos sistemáticos, ha sido fundamental observar cada uno de los casos cerca de las organizaciones de base comunitaria y alejados de intereses corporativos, empresariales o de otro tipo, y por el contrario, escuchan los argumentos que tiene la gente para oponerse a estas obras.
Entre los principales argumentos es que consideran que es algo justo compartir el agua si es que en los territorios sobra, pero siempre y cuando los territorios que ellos habitan tengan suficiente agua en cantidad y en calidad. Sin embargo, contrariamente han encontrado agua contaminada, escasa, y altamente disputada en todos los casos.
Los investigadores también hallado casos de fraudes y corrupción como en El Realito y el Acueducto II de Querétaro, en el cual una gran parte de la obra, que se paga con créditos que adquiere el Estado con la banca internacional, pero que finalmente quienes pagan es la población a través del recibo de agua y de impuestos.
El doctor Edgar Talledos Sánchez explicó que han observado cómo todas las comunidades, al tener una organización territorial sobre sus aguas, no sólo se defienden frente al trasvase, sino que tienen una opinión respecto a esas obras y un conocimiento que ha sido despreciado en la universidad y por el propio Estado, por lo que en esta investigación impulsada por Conahcyt se enfoca en retomar esos conocimientos y soluciones planteadas.
El investigador consideró que esta perspectiva se distancia de las ideas de la ciencia neoliberal que plantea que los problemas del agua son individuales, poco complejos, sin profundidad histórica y donde parece que no hay intereses. Sin embargo, durante este periodo del neoliberalismo lo que se favoreció fueron las privatizaciones de tierra y de aguas, que han llevado a que las empresas y el sector inmobiliario obtuvieran muchas concesiones de agua.
En este sentido, hizo mención de la campaña catastrofista del Ayuntamiento de San Luis Potosí que advertía la llegada del “día cero” respecto al abasto de agua potable en la capital, en donde se responsabiliza al individuo, mientras que para las empresas ese día nunca llegó y tampoco se restringió su uso del vital líquido.
Este proyecto está realizado bajo la lógica de que las injusticias hídricas han estado mantenidas por modelos de corrupción, por formas de pensar la ciencia bajo un enfoque neoliberal que favorece a las empresas; que a pesar del desabasto mantienen sus negocios mientras que la población en general tiene que pagar por pipas, en el mejor de los casos, cuando cuentan con recursos económicos y dónde almacenar el agua.
Luis Granados retomó otro de los argumentos de las comunidades respecto a los trasvases, que es la necesidad de que exista una consulta pública previa, libre, e informada, pues otra de sus características es que se han construido a sus espaldas, sin preguntarles qué pensaban al respecto, por lo que en el proyecto se ha considerado su opinión y se han integrado sus planteamientos en un peritaje por cada uno de los casos abordados.
Estos peritajes se encuentran en elaboración y deberán estar concluidos en este año. Se espera puedan ser un instrumento de defensa para las comunidades y organizaciones de base comunitaria frente a las uniones temporales de empresas y lo que significan estas obras, por lo que las comunidades deben tener alguna manera de poder enfrentarles, porque la desigualdad que existe en esa pelea es muy alta.
