Ciudad de México (18 de agosto de 2016).- Debido a presuntos actos de corrupción, Borge, César y Javier Duarte, así como el ex gobernador Rodrigo Medina, podrían ser expulsados del PRI. La Comisión Nacional de Justicia del partido tricolor ha solicitado pruebas a órganos estatales que puedan probar las acusaciones en su contra.
Luego de que Armando Barajas, consejero del PRI, presentara denuncias en contra de dichos gobernadores priístas y solicitara la suspensión de sus derechos militantes o bien su expulsión del partido, éstos enfrentan un proceso ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (CNJP) priísta.
Por lo anterior, los mandatarios Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua, así como el ex gobernador Rodrigo Medina, de Nuevo León; deberán ser notificados del proceso y se les tendrá que ofrecer derecho de audiencia.
Fernando Elías Calles, presidente de la CNJP del PRI, señaló que la intención de solicitar información a las comisiones de Justicia Partidaria de los estados es hacerse de elementos y pruebas sobre los casos, ya que las denuncias fueron sustentadas en notas periodísticas.
Sin precisar un plazo, indicó que, una vez que reciban la información, los Mandatarios y Medina serán citados a una audiencia para que respondan a los alegatos en su contra, tras lo cual los siete miembros de la comisión tomarán una decisión.
“Les tenemos que notificar que han sido denunciados y, como tenemos la obligación de darles el derecho de audiencia, estamos en proceso para entonces fijarles en su caso para que ellos puedan alegar lo que a su derecho convenga”, explicó, Elías Calles a Reforma.
En el caso de los Gobernadores, la solicitud se basa en anomalías en sus gestiones, las cuales están por concluir, y denuncias interpuestas por la propia Auditoría Superior de la Federación.
Para el caso de Medina, por estar sujeto a proceso, el código priísta señala que podría determinarse la suspensión temporal de sus derechos como militante.
Según el Código de Justicia Partidaria, el orden del proceso implicará primero determinar la procedencia de las denuncias, notificarles a los inculpados para que respondan a las imputaciones.
Posteriormente, la Subcomisión de Derechos analizará las pruebas que de estar fundadas, continuará el procedimiento y determinará si procede la sanción.
Una vez agotado el proceso, se emitirá un dictamen que será votado por la Comisión Nacional, para posteriormente informar del resolutivo a la Secretaría de Organización para efectos del Registro Partidario.
Fuente: Reforma.
