Redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 31/2015, dirigida al ex gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, e integrantes del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, por la desaparición forzada de una persona de 23 años edad, de quien a la fecha se desconoce su paradero, así como por la inadecuada procuración de justicia en agravio de sus familiares.
El 24 de abril de 2013 -durante la administración del alcalde perredista Ricardo Gallardo Cardona, quien permanece en prisión desde enero de este año- en un parque de la colonia Praderas del Maurel, el hombre fue detenido por policías municipales de Soledad, quienes lo pusieron a disposición del Juez Calificador en la barandilla municipal de la Dirección General de Seguridad Pública.
Según el Juez Calificador la víctima fue liberada ese mismo día y entregada a un primo del agraviado, quien pagó la multa, “circunstancias que no se acreditaron fehacientemente”, estableció el organismo defensor de los derechos humanos en boletín de prensa divulgado este martes.
“Concluidas sus investigaciones, la CNDH tiene elementos que evidencian la desaparición forzada de la víctima, con lo que se vulneraron sus derechos a la libertad, integridad y seguridad personales, legalidad, seguridad jurídica y trato digno, por actos atribuibles al Juez Calificador”.
Este organismo -prosigue el texto- corroboró violaciones a derechos humanos en materia de procuración de justicia y atención a víctimas del delito, imputables a cuatro agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, “involucrados en la integración de la averiguación previa iniciada por la desaparición del ciudadano”. Asimismo, los servidores públicos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal en el desempeño de sus funciones “incurrieron en irregularidades”, vulnerando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Por ello, la comisión les solicitó al gobernador e integrantes del Ayuntamiento reparen los daños a los padres del desaparecido y demás familiares, con motivo de las irregularidades en que incurrió personal ministerial estatal y los Directores Generales de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal y el Juez Calificador.
“Al Ejecutivo local se le pide que la Procuraduría continúe la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa, para instrumentar las medidas eficaces para la búsqueda y localización efectiva del agraviado, con el fin de establecer la verdad de los hechos y determinar la responsabilidad penal que corresponda”.
Además, colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y quejas que se presenten ante la Procuraduría estatal y su Contraloría Interna, y la Contraloría Municipal, respectivamente, contra los servidores públicos relacionados con las irregularidades cometidas.
Realizar la reparación del daño en los términos que resulten procedentes, de conformidad en lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
La queja inicial se presentó el 30 de abril de 2013 ante la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí; casi un año después la CNDH ejerció su facultad de atracción e inició la investigación del caso.
