María Ruiz
Los colectivos de personas con discapacidad desconocían de qué se trataba la solicitud de acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Salud Mental y la Ley para Personas con Discapacidad, así lo mencionó Catalina Torres Cuevas, integrante de la asociación civil Gilberto Rincón Gallardo.
Esto luego de llevarse a cabo una reunión con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Argüelles Moreno, y algunos colectivos que se encontraban en negativa ante esta solicitud, lo que derivó en el rechazo de la viabilidad de presentar este mecanismo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Torres Cuevas indicó que la información que tenían algunas organizaciones o colectivos de personas con discapacidad era errónea, y que durante la reunión argumentaron que su negativa al proceso de acción de inconstitucionalidad se debió a que algunas diputadas y diputados les dijeron que ambas leyes integraban y contemplaban apoyos para las personas con discapacidad y sus cuidadoras, situación que no es real.
“Se dieron cuenta que tenían mal la información y les expliqué en qué consistía esta solicitud. Decían ellas que los diputados les dijeron que en la leyes ya se les habían otorgado los apoyos que se necesitaban, yo les dije eso no ha pasado, pues lo que hicieron fue quitar toda la porción normativa, que esos apoyos se lo quitaron y no le agregaron nada a las leyes”, explicó Torres Cuevas.
En este sentido, la activista consideró que el rechazo a la solicitud se debió a una falta de información y la intromisión de diputados que mintieron respecto a la consulta a personas con discapacidad que se realizó para más reformas de algunos decretos para ambas leyes.
“Creo que al final la mayoría que estaba ahí lo entendieron, menos Mariana Hernández de Cuidadoras Potosinas, lo cual es muy respetable, pero de todos modos quedaron que lo iban a platicar, que iban a preguntar a los diputados, porque eso les prometieron, aunque de eso no hay ningún documento formal, solo es de palabra”.
Por último, Torres Cuevas señaló que al final está decisión solo perjudicará a las personas con discapacidad, quienes no obtendrán ningún beneficio, además de que sus voces y demandas no fueron escuchadas de manera específica para saber sus necesidades reales.
“Pese a todo, ellas están con la idea de que lo que se aprobó es algo que las beneficia a ellas y no, peor aun, no se tomó en cuenta la opinión de las poblaciones objetivo, pues la consulta no estuvo focalizada y sólo se trató de una encuesta”.
