Abelardo Medellín
Por la detención y tortura de una mujer en la capital potosina por parte de elementos de la Policía Federal en 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 86/2021 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así lo reveló la institución a través del comunicado oficial con número DGDDH/313/2021.
Según la queja presentada en marzo de 2019 ante la CNDH, el 5 de abril de 2011, a las 01:30 horas, elementos de la entonces Policía Federal detuvieron y luego torturaron a una mujer.
El comunicado explica que el 20 de mayo del 2021, la víctima manifestó que cuando ocurrieron los hechos, un grupo de personas vestidas de civiles la sometieron a golpes y la intimidaron para luego interrogarla sobre personas que desconocía; lo anterior, mientras la víctima era trasladada en diferentes vehículos terrestres por la ciudad.
De acuerdo con el comunicado, luego de ser detenida en la capital potosina la mujer fue trasladada por vía terrestre hasta la Ciudad de México, donde los actos de tortura continuaron.
“En la capital del país de nuevo le aplicaron técnicas de privación de la respiración con bolsas de plástico en cara y cabeza, y con trapos húmedos en boca y nariz; finalmente, según señaló, la obligaron a firmar una declaración ministerial en la que se inculpaba de diversas conductas ilícitas, en especial de delincuencia organizada, lo que motivó que fuera procesada penalmente”, reveló la Comisión.
La CNDH señaló que, tras las indagatorias, se logró acreditar la violación a derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno de la mujer.
Asimismo, se explicó que los hechos ocurridos son constitutivos, según los criterios nacionales e internacionales, como tortura y algunos de ellos fueron: “intencionalidad del personal aprehensor de realizar acciones encaminadas a agredir física y mentalmente a la víctima; sufrimiento severo a consecuencias de las acciones de agresión físicas y psicológicas en contra de la víctima, y el fin específico de que con tales acciones la víctima se inculpara de hechos ilícitos”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos agregó además que, se realizaron dos estudios especializados —por un psicólogo forense y una médica-psicóloga—, mismos que fueron llevados a cabo bajo la metodología contenida en el “protocolo de Estambul”, que sirve para “la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tantos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Derivado de la investigación, la CNDH solicitó a la titular de la SSPC proceder a la reparación integral del daño, esto una vez que se emita el dictamen correspondiente de conforme a los hechos y responsabilidades descritas y acreditadas en la recomendación oficial.
De igual manera, la comisión pidió a la SSPC que colaborara en el trámite de la denuncia que se presentaría ante al Fiscalía General de la República (FGR) y ante el organismo interno de la Guardia Nacional, esto contra las acciones y omisiones en las que pudieron haber incurrido los nueve elementos involucrados en los hechos del 2011.
“Se pide, también, instruir a quien corresponda para la impartición de un curso integral en materia de derechos humanos a los servidores públicos de esa Secretaría de Estado que provengan de la Policía Federal y realicen actividades de seguridad pública, enfocado a la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con énfasis en la Ley General de la materia”, se explica en el documento de la CNDH.
Además, se solicita la designación de una persona servidora pública de alto nivel de decisión como enlace con esta Comisión Nacional para dar seguimiento al cumplimiento.
Cabe señalar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el 2016, el 75.6 por ciento de la población que se encontró privada de la libertad, sufrió algún tipo de violencia psicológica durante su arresto.
Además, la misma encuesta revela que el 63 por ciento de este grupo sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad o persona que realizó el arresto.
De igual manera, en el documento “Cuánta tortura. Prevalencia de violencia ilegal en el proceso penal mexicano 2006-2016”, coordinado por el World Justice Project, reveló que durante toda esa década al menos 148 mil 136 personas sufrieron algún tipo de tortura; cifra que contrasta con los datos contenidos en la “Guía básica para entender la Ley General contra la Tortura”, mismos que señala que la entonces llamada Procuraduría General de la República (PRG) realizó 13 mil 850 investigaciones por tortura, pero solo se lograron 31 condenas.
