Jaime Nava
La corrupción y el tráfico de influencias al interior del Poder Judicial del Estado han ocasionado daños irreparables en la vida de Martha Elena Vázquez Castillo y sus dos hijos, Emiliano y Elena, con quienes desde el 2014 únicamente ha podido convivir una hora a la semana en el juzgado que corresponda, siempre y cuando su ex pareja, Óscar César Rodríguez de la Rosa, se lo permita.
Martha tiene 28 años, hace casi cinco años, en septiembre del 2014, cansada de ser víctima de agresiones físicas y verbales de parte de Óscar César Rodríguez de la Rosa decidió separarse de él. Por sus hijos, Emiliano que en ese entonces tenía dos años y Elena de apenas meses edad, Martha intentó llegar a un acuerdo con Óscar para quedarse con la custodia de los menores.
“Él me dijo que no y el 8 de septiembre del 2014 decide llevarse a nuestros dos hijos del domicilio que todavía teníamos juntos. La situación fue muy violenta, él los sacó del domicilio sin mi consentimiento con ayuda de su abogado, un hermano y amigos”. Martha corrió a pedir ayuda a casa de una vecina que en otras ocasiones la había auxiliado cuando Óscar la agredía. El momento fue aprovechado por su ex pareja para llamar a la policía y pedir que se la llevaran detenida por “alterar el orden”.
Elementos de la policía llegaron hasta el domicilio de su vecina y le explicaron que Óscar quería que la detuvieran; sin embargo, al percatarse de que no existía tal alteración del orden, la policía se retiró del lugar. La distracción sirvió para que Óscar, su abogado y sus amigos llenaran sus automóviles con la ropa, juguetes y otros objetos de sus hijos. Cuando Martha caminaba de regreso a su casa vio correr a Óscar cargando a su hijo y al abogado con la bebé. Ambos subieron a una camioneta y huyeron.
“Me acerco al carro que iba atrás que era el de su hermano y le pregunto que qué estaba pasando. Yo no sé si se asustó porque se dio cuenta de lo que estaba haciendo porque aceleró el coche y me llevó arrastrando unos diez metros de la cochera a la entrada principal”, relató Martha. En ese momento, dos patrullas la auxiliaron y le llamaron a una ambulancia que la trasladó a un hospital, durante días nada supo de sus hijos hasta que presentó la demanda por la custodia, pensión alimenticia y pérdida de la patria potestad.
Cinco semanas después, la juez Rebeca Medina le concedió la custodia de los hijos a Martha, pero como ella tuvo que abandonar la casa donde vivía con Óscar, regresó con su familia a Rioverde, de donde es originaria. Un par de semanas después, mientras conducía acompañada por su mamá y sus hijos, dos vehículos, uno por delante y otro por detrás, le cerraron el paso. Sin identificarse, los hombres armados que descendieron de los autos les ordenaron que se bajaran con el argumento de que buscaban un coche robado.
“Nos negamos, pero siguieron insistiendo y no nos dimos cuenta en qué momento nos metieron las manos por las ventanas, nos bajaron los vidrios, abrieron las puertas y me bajaron inmediatamente. Me quitaron las llaves y me tenían sometida dos personas que nunca se identificaron, yo nada más volteo y le digo a mi mamá ‘agarra a los niños’”, relató.
A pesar de los gritos, ninguna persona las ayudó. “Ya viene la policía”, era la respuesta de algunos testigos. Los policías que llegaron les ordenaron a los hombres que soltaran a Martha y a su familia, ante la negativa, apuntaron sus armas y comenzaron a amenazarse entre todos. “Mi hijo estaba muy asustado, lloraba y gritaba ‘¡mami, mami!’, la chiquita no hablaba, solo estaba muy espantada”.
Cuando se tranquilizaron, se acercó a Martha uno de los hombres armados para decirle que ahora Óscar tenía la custodia de los menores y que contaba con una orden para llevarlos con él.
Primer acto de corrupción y tráfico de influencias
Como la juez Rebeca Medina fue nombrada magistrada, su lugar en el Juzgado Cuarto de lo Familiar fue ocupado por Sara Hilda González Castro quien, de acuerdo con el testimonio de los asesores jurídicos de Martha, resultó ser amiga de una de las abogadas de Óscar César de nombre Patricia de la Luz Hernández.
Por esa razón fue ella quien ordenó el uso de la fuerza pública sin agotar otras medidas legales para entregarle los menores a Óscar César. A consecuencia de este acto, tuvieron que transcurrir un año y dos meses para que Martha pudiera volver a tener contacto con sus hijos debido a que Óscar César Rodríguez de la Rosa presentaba justificantes médicos o buscaba cualquier pretexto para no presentar a los niños en el juzgado.
Además, el asunto pasó al Juzgado Segundo Familiar donde era titular el hoy magistrado Felipe Aurelio Torres Zúñiga. Él se encargó de continuar beneficiando con la custodia provisional a Óscar César y violentar los derechos de Martha y de sus hijos al no concederle la regulación de visitas.
Gracias a un amparo, se ordenó el desahogo de pruebas para determinar a cuál de los progenitores se le otorgaría la custodia y fijar un sistema de convivencias al progenitor que no tuviera la custodia. Sin cumplir con la ejecutoria de amparo, Felipe Aurelio Torres Zúñiga se excusó de conocer del asunto dejando a Martha y a sus hijos en estado de indefensión.
Violencia Institucional y de género
El expediente pasó al Juzgado Primero Familiar en donde era juez Juan Ignacio Ortega Morales, quien a su vez se había desempeñado como secretario de acuerdos de la juez Sara Hilda González Castros, amiga de una de las abogadas de Óscar César. Este juez se encargó de desahogar todas las pruebas para determinar la custodia de los menores.
Juan Ignacio Ortega le otorgó la custodia de los menores a Óscar César el 27 de marzo del 2017 basándose en un dictamen de psicología que aseguraba que entre Martha y sus hijos no existían vínculos emocionales positivos que promovieran su sano desarrollo. Situación que, según los asesores jurídicos de Martha, “era obvio dado que para ese momento habían pasado casi tres años desde que a Martha y a los menores les estaba siendo negada la convivencia”.
Asimismo, a Martha se le embargó el 30 por ciento de su sueldo por concepto de pensión alimenticia; sin embargo, no se le concedió acordar el régimen de convivencia como se ordenaba en la ejecutoria de amparo sino hasta mucho después, cuando únicamente se le concedió el poder visitar a sus hijos una hora a la semana dentro de las instalaciones del juzgado, para entonces Emiliano ya había cumplido 5 años y Elena tres años.
Sus abogados consideran que el juez ejerció violencia institucional, de género y actos de discriminación contra Martha pues sin argumentos lógicos limitó las convivencias a una hora dentro del juzgado, la obligó a recibir terapia psicológica y, a pesar de que las convivencias tenían que ser supervisadas por una tutora y un ministerio público, sólo fueron supervisadas por una trabajadora social; además, se le permitió a Óscar César y a su abogada interrumpir la hora de convivencia sin que nadie les hiciera un apercibimiento.
“Óscar y su abogada querían, por ejemplo, que le negaran a Martha Elena el derecho a ingresar con celular para tomarle fotos a sus hijos, que le negaran el derecho de llevar juguetes para convivir con ellos, que le negaran a Martha el derecho de llevar alimentos para sus hijos sin considerar que la convivencia ocurría justo después de su horario escolar”, señalaron.
Se toleran chicanadas
En el argot jurídico se utiliza la palabra chicana o chicanada para definir a las artimañas que emplean los abogados para alargar los juicios con la finalidad de retrasar las sentencias. Una de las más socorridas es la que consiste en presentar justificantes médicos para evitar que un cliente se presente a una cita.
En los nueve tomos que conforman el expediente del juicio por la custodia de sus hijos, a decir de Martha, hay por lo menos treinta justificantes médicos que Óscar César ha utilizado para impedir que sus hijos convivan con su madre.
Otra chicanada evidente a la que recurrieron los abogados de Óscar César ocurrió cuando el Juzgado Primero Familiar cambió de titular y llegó el juez Martín Rangel Serrano quien, por primera vez permitió que Martha y sus hijos pudieran convivir fuera del juzgado.
Como tal determinación beneficiaba a Martha, su ex pareja promovió un recurso de revocación contra la decisión del juez y, para evitar que ese juez siguiera conociendo del asunto, nombraron a otro abogado como representante de Óscar César con la única intención de provocar que el juez se excusara debido a que tiene una relación de amistad con el abogado recién nombrado.
El juez se excusó, Martha no pudo ver a sus hijos fuera del juzgado y se suspendieron las visitas hasta que su expediente fue asignado al Juzgado Tercero Familiar en noviembre del 2018 a cargo de María del Carmen Gómez Flores.
Para que no se resolviera el recurso que podría garantizarle a Martha la convivencia con sus hijos fuera del juzgado, Óscar César y su abogada, Patricia de la Luz Hernández, intimidaron a la juez y la amenazaron con presentar quejas en su contra ante el Consejo de la Judicatura por no estar de acuerdo con sus criterios lo que la orilló a excusarse con el argumento de que estaba en riesgo la imparcialidad y transparencia del juzgado porque existía una “animadversión” hacia Óscar César y su abogada.
Almazán Cue “no sabe que hay una red de corrupción”
Astrolabio Diario Digital tuvo acceso a la grabación de una conversación entre Martha, su abogado y uno de los tantos jueces que han conocido su expediente durante los últimos cuatro años. En los más de 40 minutos de audio se escucha al juez reconocer que al interior del Poder Judicial del Estado existe una red de corrupción de la que ni siquiera el magistrado presidente, Juan Paulo Almazán Cue, estaría enterado.
“El presidente no sabe cómo están las cosas, tampoco sabe que hay una red de corrupción”, les aseguró.
También le externó a Martha su preocupación por sus hijos ya que dijo: “es muy clara la alienación parental […] no sé cómo los controlan para llegan totalmente manipulados”. Y manifiestó su inquietud por el hecho de que la ex pareja de Martha “se entera en tiempo real” de todos los movimientos dentro del juzgado, lo que evidentemente significa una ventaja sobre ella.
“Está enterado de todo, es perverso, va adelante”, les dijo y más adelante aceptó: “desgraciadamente no sé a cuánta gente tienen comprada”.
Una hora para Óscar, diez minutos para Martha
Antes de que la última juez se excusara, Martha solicitó una cita con Juan Paulo Almazán Cue, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Tal y como se lo indicó el secretario particular de Almazán Cue, Martha llegó a las nueve de la mañana. 20 minutos después Óscar César se hizo presente en la sala de espera.
“Se me hizo un poco raro que coincidiéramos el mismo día a la misma hora y justo para una audiencia con el magistrado presidente. Salió el particular y nos preguntó que si podíamos pasar juntos a platicar con Almazán Cue. Óscar fue el primero en responder y dijo que no, que él pidió una audiencia personal, yo también dije que no estaba de acuerdo”, relató Martha.
A las 10 de la mañana Almazán Cue recibió a Óscar César en su oficina. Conversaron durante una hora y veinte minutos en privado. A Martha la hicieron esperar. A las 2 de la tarde Almazán Cue salió de su oficina para informarle que no la podría atender porque estaba “muy ocupado” y que sólo tendría diez minutos libres.
Martha le comunicó que la juez estaba a punto de excusarse porque su ex pareja y su abogada la estaban intimidando, pero él no le respondió que eso no era posible. Tres semanas después, la juez se excusó.
Atención Especial de un Ministerio Público
A lo largo de la entrevista el nombre del Fiscal, Federico Arturo Garza Herrera, surgió por la presencia especial y atípica de un Ministerio Público durante una convivencia de Martha y sus hijos en el juzgado.
Al término de la convivencia, un juez le llamó al abogado de Martha para preguntarle por qué en la Fiscalía del Estado tenían tanto interés en su caso ya que un Ministerio Público había acudido al juzgado a presentarse con el juez para decirle que acudiría a la convivencia de Martha. Luego de darle vueltas al asunto un rato, fue el propio juez quien sugirió que el vínculo podría encontrarse en la actividad laboral de Óscar César.
Óscar César trabaja como gerente en la constructora Urbanicasas, cuyos dueños, Lisandro Bravo Sánchez y Octavio Aguillón tienen una relación de amistad muy cercana con Federico Garza Herrera. En el equipo jurídico de Martha aseguran que Lisandro Bravo suele acompañar a Óscar César con diversas autoridades y lo presenta como el empleado de mayor confianza porque tiene 18 años en la empresa.
En 2018, en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado se integró sigilosamente una denuncia por violencia familiar presentada por Óscar César contra Martha. La abogada de Óscar fue la única que tuvo acceso a la investigación. El juez quinto penal negó la orden de aprehensión que pretendían obtener; empero, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocó el auto que negaba la orden de aprehensión y libró la orden utilizando en contra de Martha instrumentos internacionales de protección de derechos de las mujeres.
Por medio de un amparo, se ordenó revisar a fondo la causa y se obligó a la Segunda Sala a corregir su determinación.
Medidas precautorias
Martha solicitó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos medidas precautorias para proteger su integridad pues recientemente se encontró a su ex pareja cerca de su trabajo, hecho que no había ocurrido antes, además, le llamó la atención que la reacción de su ex pareja fue de quererse esconder.
Incluso, Martha cuenta cómo un de las jueces se percató del riesgo en el que se encuentra: “me dijo tu vida está en peligro porque este hombre es capaz de cualquier cosa y te sigue a dónde vas a cualquier lugar público”.
Y es que, por sus antecedentes, las medidas precautorias son urgentes y necesarias. Se tiene el registro de la detención y puesta a disposición del Ministerio Público de Óscar César Rodríguez de la Rosa en agosto del 2013 por agredir física y verbalmente a Martha.
