Por Alejandro Rubín de Celis
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió hace unos días una sentencia que ordena al Congreso de la Unión expedir una ley que regule el gasto de publicidad gubernamental de la cual depende nada menos que una vertiente del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho fundamental que tenemos los mexicanos a estar bien informados.
La sentencia del máximo tribunal mexicano resuelve así el juicio de amparo promovido por la organización Artículo 19 que argumentó el desacato del Poder Legislativo para elaborar la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución federal mandatada en un artículo transitorio de la reforma que se realizó a la Carta Magna el 10 de febrero de 2014. La Constitución mexicana establece desde 2007 la prohibición de hacer propaganda personalizada de los servidores públicos.
Uno de los problemas que daña profundamente el régimen de la libertad de expresión y el derecho a la información es el creciente gasto en publicidad gubernamental porque genera una gran dependencia de los medios de comunicación respecto de los recursos públicos y se ha convertido en un mecanismo de control indirecto de los gobiernos para acallar las voces críticas e incrementar el número de medios afines a su modelo propagandístico.
Se ha dicho y con pruebas sólidas que los medios se han vuelto adictos al dinero público porque es la forma más cómoda y sin que medien factores de competencia para darle viabilidad financiera a esas empresas y generar enormes “ganancias” para sus dueños, especialmente para los de grandes conglomerados como Televisa y TV Azteca.
El esquema más socorrido es el de presentar como información periodística lo que en realidad es propaganda (y que está prohibido en la Constitución y en la legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión), es decir, que le dan “gato por liebre” a las audiencias en un franco engaño a quienes dicen servir, porque no se les hace saber que se trata de información pagada para que sepan que lo que están consumiendo tiene un sesgo y que hay un interés específico de por medio, regularmente político y personal.
El pago discrecional de grandes sumas de dinero del gobierno produce una serie de “valores entendidos” entre los que queda claro que no debe haber mayores cuestionamientos de los medios al gobierno y, que si los hay no sean de tal gravedad que dañen su imagen y particularmente la de sus titulares (Presidente de la República, gobernadores y alcaldes). Mucho menos investigaciones de fondo que puedan revelar los actos de corrupción y la impunidad que campean en todos los órdenes de gobierno. Para los medios que sí lo hacen la respuesta es descartarlos del presupuesto público y ahorcarlos si es posible hasta su desaparición. Zanahoria o garrote, depende de cómo se comporten.
Para darnos una idea de la dimensión del problema, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado en medios 37 mil 725 millones de pesos entre enero de 2013 y junio de 2017, de acuerdo al estudio: Contar “lo bueno” cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del Gobierno Federal de 2013 a 2016, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, una de las organizaciones de la sociedad civil más prestigiadas (incluso a nivel internacional) por la seriedad de sus estudios. Esa cifra representa el 90.75 por ciento de todo el presupuesto del estado de San Luis Potosí para 2017, que asciende a 41 mil 580 millones de pesos.
Gráfica extraída del estudio: Contar “lo bueno” cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del Gobierno Federal de 2013 a 2016 (página 15).
Gráfica extraída del estudio: Contar “lo bueno” cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del Gobierno Federal de 2013 a 2016 (página 45). No incluye enero y febrero de 2017.
La responsabilidad ética de los medios informativos es buscar la verdad de los hechos para que los ciudadanos reciban información lo más cercana posible a la realidad y eso les permita comprender mejor su entorno y tomar mejores decisiones.
Las empresas que venden sus líneas editoriales a los gobiernos renuncian total o parcialmente a ejercer el derecho a la libertad de expresión (considerado como derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y a cumplir con su alta responsabilidad de proveer de información de calidad a la sociedad. Como consecuencia, las audiencias de los medios se ven privados de recibir información veraz, plural, oportuna, imparcial y objetiva que es un derecho constitucional y legal.
La resolución de SCJN es una oportunidad histórica para regular de una vez por todas la publicidad gubernamental a efecto de que tenga carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social como señala la Constitución, y no para que presidentes de la República, gobernadores y alcaldes (y funcionarios de otros poderes del Estado) promuevan su imagen para fines particulares y con cargo al erario público.
Académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos tenemos la gran responsabilidad de ejercer presión por las vías que estén a nuestro alcance para que la sentencia de la Corte se haga realidad, no sólo a nivel federal sino también en los estados.
En el caso federal, la fecha que impuso la Corte para aprobar la ley reglamentaria es el 30 de abril próximo. Y ya comenzaron las resistencias. La batalla apenas empieza.
