Angélica Campillo
Por mayoría de votos el Congreso del Estado rechazó el informe general y los 114 dictámenes individuales de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020, presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Los diputados Eloy Franklin Sarabia y José Ramón Torres García se excusaron de votar los informes individuales de los Ayuntamientos de la capital potosina y del municipio de Rioverde, respectivamente, por haber formado parte de dichas administraciones. De igual forma lo hizo el legislador Alejandro Leal Tovías sobre el informe del Poder Ejecutivo.
Rubén Guajardo Barrera y Mauricio Ramírez Konishi hicieron lo mismo con los dos últimos informes del Congreso del Estado debido a que formaron parte de este durante el ejercicio fiscal 2020.
En su intervención en tribuna, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que, en cumplimiento con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, se entrevistó al personal auditor que intervino en el proceso, ante dudas y observaciones que se desprendieron de una muestra aleatoria de 14 informes.
Según la legisladora, la conclusión que resultó de este proceso fue que el trabajo realizado por el personal de la ASE presenta deficiencias que resultan relevantes para la confiabilidad de las conclusiones de los citados informes.
Flores Almazán, quien es parte de la Comisión de Vigilancia, dijo haber estado presente en la revisión de las cuentas públicas de la Secretaría de Salud, así como de los Ayuntamientos de Matehuala y Tamuín.
Entre los puntos observados, encontró que algunos entes se negaron a entregar información, situación que consideró grave.
Agregó que, por ello, ante la ausencia de certidumbre en los datos arrojados en el proceso de auditoría y por mayoría, las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia dictaminaron en el sentido de no aprobar los informes individuales y general de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
La diputada adelantó que solicitarán continuidad en el trabajo emprendido en los últimos días, a fin de que, el análisis profundo de los procedimientos de cada una de las auditorías practicadas a todos los entes, sirva para detectar omisiones y corregir los procedimientos.
Para Flores Almazán, la fiscalización debe cumplir el cometido principal de ser preventiva y, en su caso, de buscar sanciones: “El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, deberá estar atento a que este objetivo de pueda cumplir”.
Por su parte, el diputado priista Edmundo Azael Torrescano Medina, quién voto en contra de los dictámenes, explicó que el Congreso del Estado calificó los informes de la ASE, y en la revisión de los 114 se tomó una muestra de 14 entes durante dos días, en los que únicamente tres diputados estuvieron presentes.
Indicó que en la sesión de la Comisión de Vigilancia se estableció que los 114 dictámenes están mal, cuando no estuvieron presentes para poder calificar puntualmente cuáles eran las deficiencias que, en su momento, se habían valorado con los auditores para caer en este supuesto.
De acuerdo con el también integrante de la Comisión de Vigilancia, no se califica si las cuentas públicas de los 114 entes estuvieron “bien” o “mal”, sino que se evalúa si el informe de la auditoría cumplió o no, por lo que al hacerlo de manera genérica se violenta el procedimiento, ya que no se específica a qué cuenta le faltó “esto o le sobró aquello”.
“Voy en contra porque no podemos suponer, con una muestra de 14 nada más, que todo estaba mal; cuando tuve oportunidad de estar en la Comisión y preguntarles directamente a los auditores sobre puntos específicos, me contestaron adecuadamente, considerando que sí cumplían estas oportunidades”, comentó.
Torrescano Medina refirió que, de acuerdo con los auditores, hay dependencias que no les brindaron los documentos a pesar de estar en la ley, por lo que el Congreso del Estado debería legislar para que se persiga de oficio cuando no se les dé oportunidad de conocer la información.
Finalmente, con 24 votos a favor, una abstención y uno en contra, el Congreso del Estado aprobó con las excusas manifestadas, los 115 decretos relativos al informe general y los informes finales de auditoría de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siete organismos autónomos, 22 Sistemas Municipales DIF, 22 organismos operadores de agua, el Implan de San Luis Potosí, el Instituto de la Vivienda del Municipio (Inmuvi) de Soledad de Graciano Sánchez, y de los 58 ayuntamientos de la entidad potosina; todos del ejercicio fiscal 2020. El sentido de los dictámenes venía en contra.
