Por Antonio González Vázquez
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación número 22/2016 a la secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez por la muerte de un bebé a causa de la mala actuación de personal médico del Hospital Básico Comunitario de Tamuín.
La madre, manifestó que el 24 de diciembre de 2014, al cumplir 41 semanas de gestación acudió al Hospital Básico Comunitario de Tamuín, San Luis Potosí, y que posterior a su revisión se le informó que su hijo presentaba frecuencia cardiaca fetal estable, por lo que iniciaron trabajo de parto debido a que ya estaba citada. Precisó que las revisiones del tacto vaginal las realizaron las enfermeras y el médico ya no la reviso durante el transcurso de la tarde.
Detalló que a las 05:00 horas del 25 de diciembre de 2014, presentó dolores muy fuertes en el vientre, el médico le indicó que ya tenía ocho centímetros de dilatación y procedió a realizarle un corte vaginal, y una enfermera subió a su estómago para que pudiera descender (el bebé), quien al nacer no lloró, por lo que enseguida le colocaron unos tubos y le informaron que lo iban a trasladar al Hospital General de Ciudad Valles, donde fue recibido con síndrome de aspiración de meconio, recién nacido pos término e hipoxia prenatal severa.
El 27 de diciembre de 2014, el niño con dos días de nacido, falleció a causa de hipertensión pulmonar severa, síndrome de aspiración de meconio severa e hipoxia perinatal.
Para la investigación de la queja, se radicó el expediente 2VQU-030/2015, dentro del cual se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, se entrevistó a la víctima, se recabó expediente clínico, así como opinión médica.
Se encontró que el Hospital Básico Comunitario de Tamuín, no cuenta con la infraestructura necesaria para resolver embarazos de riesgo ni cuenta con personal capacitado para resolver contingencias, no tiene ginecólogos, pediatra, anestesiólogo ni banco de sangre. También se constató que el médico que atendió a la mujer embarazada era un médico general no apto para atender casos de riesgo.
