Fernanda Durán
Durante todo el 2023, las ministraciones mensuales que el Gobierno del Estado debe enviar la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se estancaron en 21 millones 689 mil 893 pesos, un monto menor al acordado en el Anexo de Ejecución 2023; lo que ha ocasionado un continúo aumento a la deuda de la administración estatal, que para septiembre alcanzó los 174 millones 162 mil 146 pesos.
Aunque el Estado otorgó 21.6 millones de pesos, el Anexo de Ejecución 2023 del convenio celebrado entre los gobiernos estatal, federal y la Universidad establece que en el mes de agosto debía entregar 23 millones 558 mil 433 pesos a la máxima casa de estudios, además de que sigue sin completar erogaciones de meses anteriores.
Los registros de la Plataforma de Transparencia indican que la entrega del recurso estatal se realizó el 14 de septiembre; mientras que el pasado 7 de septiembre la Secretaría de Educación Pública envió a la UASLP su aportación de 120 millones 291 mil pesos e incluso se reportó que los recursos federales correspondientes al mes de octubre ya fueron entregados al gobierno estatal para que este los transfiera a la UASLP.
A sólo tres meses de que termine el año, la máxima casa de estudios sólo ha recibido del gobierno estatal 195 millones 209 mil 037 pesos, es decir, el 43.6 por ciento de los 447 millones 642 mil 261 pesos acordados para este 2023.
La última vez que el Gobierno del Estado entregó recursos completos a la UASLP, fue en diciembre de 2022, cuando suministró una mayor cantidad de lo acordado para dicho mes, aún así, ese año la administración de Ricardo Gallardo Cardona terminó con una deuda de 152 millones 467 mil 714 pesos que no se saldó.
Este incumplimiento acontece en medio de las peticiones de la Rectoría al Congreso del Estado para que le otorgue la autonomía financiera; las necesidades de infraestructura, actualización tecnológica y la gratuidad de la educación manifestadas por consejeras y consejeros alumnos y maestros, así como la controversia entre la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Universidad sobre su facultad para auditarlos o no con respecto al pago anual de 19 millones de pesos en compensaciones erogadas, de los cuales, 12.7 millones de pesos fueron para 35 exfuncionarios jubilados.
