Fernanda Durán
Luego de cinco meses de preparación, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó la iniciativa de castración química a violadores como una medida de seguridad.
La propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria considera modificaciones al Código Penal del Estado, con las que pretende adicionar la medida de seguridad de castración química y la terapia psicológica y/o psiquiátrica bajo determinados aspectos, como las peculiaridades de los actos que se busca punir de manera informada, médicamente valorada y sugerida.
La adición del artículo 169 Bis que se refiere a la castración química contempla lo siguiente:
El tratamiento médico consiste en la aplicación de fármacos con el propósito de reducir la libido y la reincidencia criminal de aquellas personas sentenciadas por la comisión del delito de violación, su aplicación estará sujeta a factores agravantes y médicamente valorada.
Dentro de la exposición de motivos, las y los diputados aseguran que las medidas de seguridad propuestas instrumentan una política criminal que busca prevenir la realización de conductas antisociales, sin atentar contra los tratados internacionales de derechos humanos, ya que su aplicación será a consideración de un juez.
“Las medidas de seguridad tienen una función eminentemente de prevención de comisión de ilícitos o de reincidencia, por lo cual, deben considerarse como herramientas útiles para lograr una efectiva reinserción social de los sentenciados”.
El juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, al tomar en cuenta además otros criterios, como las condiciones de salud físicas y psíquicas en las que se encontraba la persona al momento de la comisión del delito.
Otra de las modificaciones contempladas en la iniciativa es el aumento de mínimos y máximos de las penalidades por violación con una pena de 10 a 20 años de prisión.
Desde octubre de 2022, el líder de la fracción parlamentaria del PVEM en el Congreso del Estado, José Luis Fernández Martínez, informó que por orden del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se presentaría dicha iniciativa, que contaría con opiniones de expertos y parlamentos abiertos para determinar su viabilidad.
