Marcela Del Muro
La mañana del 17 de octubre una publicación en Facebook indignó a miles de potosinos. Una madre mostraba el rostro golpeado, mordido y quemado de su hija de tres años. La denuncia pública estaba acompañada de fotografías, las redes sociales y la dirección de los señalados como culpables, una familiar de la mamá y su esposo.
“Ayúdenme a que esto no se quede impune, yo confié en estas personas que me cuidaban a mis hijas para poder trabajar y no entiendo por qué le hicieron esto a una de mis bebés. Saben que esto de la denuncia es tardado, no quiero que ellos se vayan a escapar, tienen familiares en México. Ayúdenme, háganlo llegar a las autoridades correspondientes y que actúen rápido. Mi bebé está muy mal, ellos tienen que pagar”, dice la publicación que se ha compartido más de 50 mil veces.
Ante la falta de respuesta institucional, la noche de ese mismo lunes un grupo de personas irrumpió en la vivienda de los presuntos culpables, localizada en la colonia La Virgen, en Soledad de Graciano Sánchez, y atacaron a la pareja. El hombre fue ejecutado a golpes y la mujer brutalmente herida y trasladada a un hospital en la capital del estado.
La Fiscalía General del Estado declaró que la investigación está en curso y hay avances importantes que serán anunciados la próxima semana. Por el momento no hay detenidos.
¿Qué es el vigilantismo y por qué llegamos hasta aquí?
En cuanto nos enteramos de la ejecución del presunto agresor de la pequeña, calificamos el hecho como linchamiento. Sin embargo, una característica específica de este acto de venganza es su espontaneidad, “se realiza de manera casi inmediata”, explica el doctor Raúl Rodríguez Guillén.
“Aquí se le llamaría vigilantismo porque tuvieron el tiempo para organizarse y para desistir o no. Pueden simplemente golpear a la persona como castigo, pueden detenerlos y entregarlos a las autoridades o puede suceder esto, que le quiten la vida a una o más personas. El caso es que ya se tuvo el tiempo suficiente para organizarse y para razonar hasta dónde se quiere llevar el castigo”, señala el doctor en sociología especializado en violencia social y linchamientos.
El doctor Rodríguez Guillén explica que la causa que lleva al vigilantismo o al linchamiento de una persona es la crisis de autoridad, mezclada con la indignación social que llevan a un punto de inflexión que se expresa como violencia incontenida.
“La ineficacia de las instituciones públicas es a lo que nos referimos como crisis de autoridad, es decir es el punto de quiebre en que las instituciones o los hombres investidos de autoridad han cedido, manifestándose como: negligencia en su función, abuso de la misma, corrupción o interpretación de la ley de manera irregular”, refiere el sociólogo en un artículo académico.
Texto donde también se señala que la inseguridad, negligencia e inoperancia institucional, contribuye a generar desconfianza en las autoridades y enojo en la sociedad; que se da primero de una forma individual pero se va compartiendo y, en un momento determinado, adquiere el carácter de colectivo.
“La rabia acumulada y la falta de castigo o el castigo insuficiente mantienen relación de causa-efecto, pero los linchamientos y el vigilantismo son ante todo una forma de señalar que los límites han sido rotos y que es necesario restablecerlos, es decir, son expresión de la ruptura de los códigos morales que vinculan a sociedad y autoridad”, indica el experto.
La respuesta institucional
Si releemos la denuncia de la madre podemos entender que ella no buscaba la ejecución de los agresores de su hija, lo único que pedía era la respuesta diligente de las autoridades para que su pequeña pudiera acceder a la justicia, pero la Fiscalía no respondió en todo el día.
“No queremos más linchamientos. Hay que entender que si la gente no ve leyes y sanciones duras, deciden tomar la justicia por propia mano, lo cual tampoco es correcto”, señaló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al día siguiente de la ejecución en la colonia La Virgen.
También defendió su propuesta de castración química para reducir las agresiones y violación contra niños y niñas en el estado. Asegurando que la iniciativa ya se encuentra redactada y próximamente será turnada a las Comisiones Legislativas para su análisis y, posteriormente espera, sea aprobada.
“Creo que si estuviera la castración, a esta persona ya la hubieran castrado pero no la hubieran matado, por eso se necesitan sanciones más duras”, comentó Gallardo Cardona. Sin embargo, el hombre ejecutado ni siquiera fue detenido ni vinculado a proceso.
Tanto la violencia colectiva que genera los linchamientos y el vigilantismo, como la violación tienen un origen estrictamente social que no se puede solucionar con medidas individuales, como castrando a cada uno de los hombres que violentan.
“En esta propuesta se piensa que hay un gen de la violación. Un impulso sexual que tienen los hombres y la única solución es inmunizarlos. Pero la violación es social. Venimos de una historia de violencia y violaciones que se ven como el orden natural de las cosas, antes a las mujeres violadas se les obligaba a casarse para que no hubiera delito”, comenta la doctora Lucía Núñez Rebolledo experta en violencia de género y feminismo jurídico.
Para la doctora en ciencias sociales, tanto en la propuesta de castración química como en la improcedente pena de muerte se utiliza demagogía punitivista, es decir, el político hace uso del dolor de las víctimas para capitalizar su producto o proyecto político.
Para el doctor en sociología, la castración es una simple declaración política que evita que un personaje, en este caso el gobernador, sea cuestionado sobre la exigencia de justicia.
¿Cómo evitamos que esto vuelva a pasar?
Según el análisis de los expertos, la propuesta de castración química no va a prevenir que los linchamientos y el vigilantismo vuelvan a ocurrir, tampoco ayudará a disminuir el delito de violación.
“Tenemos el derecho de señalarlo, porque el gobernador es la cabeza de un proyecto político y sus propuestas tienen efectos materiales en la vida de todos los ciudadanos”, explica la doctora Núñez Rebolledo.
La experta agrega que es necesario apostar por políticas públicas alejadas de lo delictivo. Trabajar desde la prevención primaria porque, lamentablemente, la justicia en el país es selectiva y únicamente el tres por ciento de los casos llega a acceder a ella. Dejar de hablar de delitos y comenzar a hablar de derechos, creando políticas públicas que atiendan la violencia estructural, eso que está arraigado en la sociedad.
Para el doctor Rodríguez Guillén, la solución para evitar que esto vuelva a suceder es que “las autoridades cumplan con las funciones para las cuales fue instituido: que los policías de veras cuiden y cumplan; que los ministerios públicos integren bien las averiguaciones para que haya castigo y castigo suficiente; y que los jueces emitan un juicio de acuerdo a la ley y se haga justicia. Cuando esto no sucede es justo cuando existe una crisis de autoridad”.
