Por Victoriano Martínez
Al iniciar la serie Gasto en Medios, que este viernes cierra con la cuarta entrega, se planteó en este mismo espacio que las autoridades no sólo debe abstenerse de interferir la libertad de expresión, sino que están obligadas a promoverla para que todos los sectores de la sociedad cuenten con una posibilidad real para comunicarse.
Los datos expuestos revelan el uso de los recursos públicos para interferir la libertad de expresión con un doble agravio para la sociedad: se coarta la posibilidad de acceder a información de calidad, y se le engaña con sus propios impuestos para beneficio de políticos gravemente cuestionados.
La teoría que cataloga a la prensa como el perro guardián de la sociedad le da al periodismo la función de vigilar y de alertar a la comunidad y a los individuos ante las posibles amenazas para su tranquilidad y paz social. Se trata de un rol que exige en primer término independencia.
Los datos sobre el manejo de los recursos públicos expuesto en los últimos cuatro días en Astrolabio Diario Digital dan cuenta del mal uso del erario para coartar la independencia de los medios y, con ello, coartar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Ese uso viciado y patrimonialista de los recursos públicos sólo es posible al amparo de otro vicio que constituye una traición más a la sociedad: la opacidad en el manejo de los recursos públicos que funciona como espacio para la discrecionalidad que impide el uso de los fondos para el bien común y los desvía a fines particulares y de grupos.
Que fondos públicos patrocinen a una publicación periodística –en cualquier plataforma– no tiene por qué ser un elemento que afecte la independencia de un medio. Se trata de recursos públicos y es a los intereses del público que los aporta a quienes los medios están obligados a responder, no al político que los administra.
No entenderlo ni asumirlo así equipara a los medios con los políticos que pervierten la administración pública.
La prensa no vende sus espacios informativos, su producto principal es la credibilidad y ésta queda mermada cuando cae en el juego de los políticos a quienes está obligada a vigilar y sobre quienes debe advertir a la sociedad cuando no atienden a las funciones que les corresponden.
Si la opacidad es el campo fértil para esa relación prensa-gobierno viciada, por simple oposición la transparencia es necesariamente una parte medular en la corrección de esos vicios.
Si algo exhibe el trabajo sobre el gasto en medios es la poca voluntad por transparentar el uso de esos recursos por parte de los funcionarios como única defensa para utilizar el erario para su beneficio.
En toda relación existen cuando menos dos partes. Si la relación prensa-gobierno contara con bases claras para la asignación de los recursos, siempre teniendo como faro alentar la libertad de expresión, y además se realizara en un esquema de total transparencia, la sociedad ganaría en información de calidad y la democracia en una ciudadanía mejor informada.
La voluntad del lado gubernamental es nula, como se ha mostrado esta semana. Sólo queda la opción de que los medios asuman su responsabilidad social y contribuyan a sanear esa relación perversa con un compromiso unilateral de transparencia que demuestre a la población qué tan independientes quieren ser y obligue a su contraparte a anteponer el bien común.
