Eduardo Delgado
En desacuerdo porque el Instituto Nacional Electoral (INE) le respondió que “no es posible” destinar prerrogativas del año anterior para pagar multas de 2019, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnó la respuesta negativa ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Consejo General del INE multó al PRD en San Luis Potosí por irregularidades detectadas en los informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2019, durante el que estuvo al frente de ese instituto político, Juan Ignacio Segura Morquecho, cercano al grupo político de Ricardo Gallardo.
El 31 de mayo del año en curso, bajo la dirección de Cristina Ismene Gaytán Hernández, el organismo político le consultó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE si podía emplear cerca de 225 mil pesos para saldar parte del pasivo; la respuesta fue negativa.
Inconforme, la directiva impugnó el oficio INE/UTF/DRN/14205/2021, recibido el 8 de abril de este año, por el que le fue notificada la respuesta acerca de la improcedencia de emplear la prerrogativa del segundo semestre de 2020, etiquetado para financiar actividades específicas, para saldar sanciones económicas.
En la consulta, el partido del Sol Azteca por conducto de su delegada financiera, Karina Azeneth Sánchez Madera, expuso como contexto que los 224 mil 995.63 pesos los recibió el 28 de diciembre de 2020 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
“Al ser depositado tan solo tres días antes del final del ejercicio fiscal 2020, es prácticamente imposible ejercer dicho recurso, máxime que estos tres últimos días, por disposición oficial y costumbres, son considerados días inhábiles”, planteó.
Ello, con la pretensión de que el PRD evitase devolver ese monto al erario público al ser considerado como remanente y, además, para poder reportar el pago de la sanción económica en el ejercicio fiscal 2021.
La titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Jaqueline Vargas Arellanes, desestimó los argumentos de la funcionaria perredista. Razón por la que el partido presentó un recurso de reclamación ante la Sala Regional Monterrey del TEPJF, donde fue registrado con la clave SM-RAP-106/2021 y asignado al magistrado presidente, Ernesto Camacho Ochoa.
De acuerdo a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el magistrado ponente estudiará los argumentos de la parte quejosa, requerirá un informe circunstanciado al INE y recabará datos adicionales en caso de que lo considere necesario, para luego someter a la aprobación del pleno de la Sala Regional su propuesta de resolución.
En caso de que el fallo les resultase adverso al partido impugnante, este podría recurrir a la Sala Superior del TEPJF, cuya sentencia sería definitiva e inapelable.
El 15 de diciembre del año pasado, el Consejo General del INE aprobó la imposición de diversas sanciones al PRD en San Luis Potosí porque su Unidad Técnica de Fiscalización detectó múltiples irregularidades en el manejo de las prerrogativas en 2019, entonces al mando de Ignacio Segura.
Entre ellas, por haber realizado “operaciones con un proveedor que, según su acta constitutiva, tiene entre sus socios a un empleado del partido político, lo cual cae en el supuesto de conflicto de intereses por un monto de $1,351,748.41.
Tampoco presentó evidencia fotográfica de bienes adquiridos y servicios pagados por más de medio millón de pesos y reportó egresos de forma sobrevaluada por 37 mil 600 pesos.
Además, por no haber destinado los porcentajes mínimos fijados para el financiar actividades específicas, aparte para los jóvenes, así como para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
La multa les fue impuesta por más de 5 millones de pesos, sin embargo, el partido impugnó y le fue reducida a 602 mil 696.75 pesos, monto vigente a la fecha y que el PRD pretendió cubrir una parte con prerrogativas del año pasado.
