Abelardo Medellín
El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí relacionadas con las personas con discapacidad, muestra la insistencia del Congreso del Estado por relegar a este sector, afirmó la activista y defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, Catalina Torres Cuevas.
La activista comentó que la invalidación de las disposiciones referentes a este sector fueron consecuencia de impugnaciones emitidas por grupos de la sociedad civil, además de la hecha por el partido Conciencia Popular.
Además de asegurar que la invalidación de estos artículos era un tema predecible, Torres Cuevas opinó que todas las reformas promovidas por el Congreso actual debieron echarse atrás.
Explicó que uno de los aspectos detrás de las reformas que hacía predecible su invalides, fue la forma en que se realizaron los foros de consulta, pues en el caso del regional para la zona metropolitana de la capital, solo asistieron 15 personas con discapacidad.
“Quince personas en un foro regional que debía abarcar Mezquitic, toda la zona metropolitana, Tierra Nueva, Villa de Zaragoza, Villa de Reyes, es decir, de toda esa zona había 15 personas, porque no lo toman en serio nuestro congreso. Ellos piensan que convocar es como un llamado a misa: tocar la campana y quien quiera viene, pero resulta que en el caso específico de las personas con discapacidad son personas que históricamente han sido relegadas”, comentó.
Adicionalmente, la activista afirmó que la consulta fue realizada en un lugar inaccesible para las personas con discapacidad: el Museo del Laberinto de las Ciencias y Artes, recinto es de difícil acceso, pues que solo se puede llegar a él en automóvil y si alguna persona interesada quisiera ir en camión, no tendría acceso hasta la entrada del sitio.
“Nosotros podemos seguir pensando que estamos haciendo cosas buenas y la Corte lo dice, seguimos tratando a las personas con discapacidad como menores de edad, como personas que no tienen una personalidad jurídica propia”, expresó.
Otra consideración que se pasó por alto fue la de incluir una cuota a manera de acción afirmativa, para que las personas con discapacidad ocupen un curul en el Legislativo.
La activista insistió que no solo ya se sabía que las reformas y los foros fueron hechos de forma inadecuada, sino que incluso se les informó a las y los diputados que no se hicieron correctamente.
“Se los dijimos desde antes de que empezaran las consultas, desde que estaban haciendo la planeación de las consultas”, afirmó.
En la resolución emitida por la Suprema Corte se determinó que, dentro de los 12 meses posteriores al próximo proceso electoral, la legislación local deberá realizar las consultas que no se cumplieron para la reforma actual.
Torres Cuevas explicó que este extremo en la resolución vulnera los derechos de las personas con discapacidad, pues obliga a que por segunda ocasión no haya normativa electoral que los contemple.
De igual forma, mencionó que la sugerencia, desde los grupos que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, es que los foros para una nueva reforma a la ley se hicieran a la brevedad posible y antes del próximo proceso.
Además de que las omisiones que el Congreso ha cometido al consultar adecuadamente para las reformas en la Ley Electoral podrían repetirse en temas como la Ley de Movilidad y la Ley de Salud Mental.
“Hicieron una consulta al vapor con un formato de ‘sí o no’, estás de acuerdo o no estás de acuerdo; por supuesto que no incluyeron absolutamente nada de lo que las personas llegaron a decirles, eso ya estaba hecho, fue solamente para validarse. Entonces lo que queremos, es que ya no se hagan de esa manera las consultas, queremos que se hagan de verdad”, finalizó.
