Eduardo Delgado
Piden cuentas al presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, por un millón ocho mil 271 pesos repartidos por el juez Miguel Ángel Saucedo Aranda, al frente del Juzgado Quinto del Ramo Penal, a personas sin relación en los procesos penales.
En calidad de funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia, la magistrada Adriana Monter Guerrero y los jueces Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar, Emilio Agustín Ortiz Monroy y Javier Pérez Contreras, le requirieron una explicación acerca del destino de ese dinero a través de una carta entregada este lunes.
Con fundamento en la Constitución y la Ley de Transparencia del Estado, “solicitamos a usted nos haga saber cuáles son las acciones que ha realizado directamente para recuperar la cantidad de un millón ocho mil doscientos setenta y un pesos”, ya que durante el tiempo que Almazán Cue lleva al frente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura “fueron entregados indebidamente”.
Ello, “por el Juzgado 5º del Ramo Penal, a personas ajenas a los procesos, que se detectó que un promedio de 58 billetes de depósito fueron entregados por el licenciado Miguel Ángel Saucedo Aranda”.
Asimismo, le pidieron al magistrado presidente información del avance del juicio de responsabilidad administrativa número 67/2017, “integrado en contra de diversos funcionarios y cuándo se resolverá o qué falta por investigar”.
Le requirieron, además, reporte de las acciones realizadas como responsable de vigilar el buen despacho del Poder Judicial del Estado, “puesto que ha generado detrimento al dinero de la dirección de Consignaciones y Garantías… por más de un millón y medio de pesos… que se han robado del Juzgado 5º del Ramo Penal”, durante los casi dos años y medio que lleva en cargo.
Independiente de todo lo anterior, le solicitaron les informe “si ha denunciado penalmente el hecho ocurrido sobre la indebida expedición y pago de esos cheques, sin autorización” y, en su caso, “el número de la carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado”.
