Jaime Nava
En su segundo informe trimestral, el Consejo de Transparencia del Congreso del Estado plantea diversas interrogantes en relación al proyecto mediante el cual pretenden contratar personal de seguridad privada y la instalación de cámaras de seguridad para los edificios de los que dispone el Poder Legislativo.
En el acta de sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado celebrada el 15 de octubre de 2021 consta que el presidente, José Luis Fernández Martínez, presentó ante los demás diputados el proyecto de seguridad; sin embargo, no quedó constancia de los detalles.
Por lo anterior, el Consejo de Transparencia solicitó copia de dicho proyecto, pero no les fue entregado con el argumento de que en dicha sesión “no se abordó el tema, debido a que faltaba información para su presentación”.
Meses después, en una nueva sesión celebrada el 17 de enero de 2022, el proyecto de seguridad volvió a ser presentado por José Luis Fernández Martínez, según consta en el acta de la Junta de Coordinación Política. “El presidente de la junta pone a consideración de sus integrantes, la contratación de personal de seguridad, para la vigilancia y resguardo dentro de las instalaciones del H. Congreso del Estado”, se lee en el acta.
Enseguida, se menciona: “antes de aprobar la contratación del personal de seguridad, se presentarán una información detallada, donde incluya: objetivo principal, características específicas del perfil idóneo que contará el personal, estableciendo las funciones principales, número de personas, así como su remuneración, por lo que levantan su mano en señal de aprobación, por unanimidad”,
Al respecto, el Consejo de Transparencia solicitó a la Junta de Coordinación Política copia del estudio o proyecto y justificación del cual se desprende la necesidad de contratar personal de seguridad y vigilancia para los edificios del Congreso ya que, de acuerdo con una fuente, para algunos diputados y para los integrantes del Consejo el proyecto es injustificable toda vez que los edificios ya se encuentran resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por lo que no habría necesidad de contratar a una empresa privada.
La Junta de Coordinación Política únicamente se limitó a responder lo siguiente: “el recurso humano que integra la seguridad y resguardo, tendrá la obligación de garantizar de manera permanente sus instalaciones, el ingreso y egreso a los edificios, así como la integridad física de toda persona que esté dentro de las instalaciones, y contribuir para el desarrollo del trabajo legislativo, mediante mecanismos de control y orden. Para lograr la encomienda se apoyará con 2 áreas importantes que es la parte operativa que será el recurso humano desplegado de manera estratégica dentro de las instalaciones y por otro lado la parte técnica que será la tecnología aplicada en control de acceso y circuito cerrado”.
No obstante, para el Consejo de Transparencia dicha respuesta generó más preguntas, las cuales dejaron plasmadas en el informe:
- ¿No se cuenta ya con cámaras de circuito cerrado en el Poder Legislativo?
- ¿Por qué contratar personal de seguridad si ya se cuenta con personal capacitado perteneciente a la Guardia Civil Estatal?
- ¿Quién será responsable del personal que se contrate, qué dependencia, institución o empresa respaldará al personal de seguridad, cuáles serán sus funciones, portarán armas?
- ¿Cuál es la justificación de la cual se desprende la necesidad de contratar personal de seguridad y vigilancia para los edificios del Congreso?
A pesar de que en ninguna de las actas se detallan los montos que se gastaría el Congreso del Estado con la contratación de guardias de seguridad y la instalación de cámaras, en diciembre del año pasado, Fernández Martínez dijo que habían aprobado un “techo presupuestal” de 6 millones de pesos para ese fin.
