Estela Ambriz Delgado
Ante las suspicacias en torno a la próxima elección de quien ocupe la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como de su consejo ciudadano, hay quienes consideran que, dada la importancia del cargo, debería ser la población quien lo determine, pues es un secreto a voces que en el Congreso del Estado esperan que les den línea para tomar la decisión que mejor le acomode al Ejecutivo del Estado.
Así lo expresó Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), quien en referencia al proceso que actualmente lleva a cabo el Legislativo, en la etapa de entrevistas a los aspirantes, criticó la pretensión de la actual ombudsperson Giovanna Itzel Argüelles Moreno de reelegirse pese a su “precaria y oscura” gestión en el cargo, al que llegó por imposición.
Al respecto, el activista recordó que el 31 de marzo de 2021, Argüelles Moreno obtuvo la mayoría calificada con 18 votos a favor, pero la votación final salió a los medios antes de que las y los legisladores emitieran su voto, lo que evidenció su imposición. Dijo que es importante tener este hecho en cuenta, pues él mismo definió el devenir de la CEDH, ahora evidente con los precarios resultados de su gestión.
Consideró cuestionable que sin pena alguna Giovanna Argüelles se registró para reelegirse en el cargo para los próximos cuatro años, cuando le cubre una estela de omisiones y cuestionamientos internos y externos en todos los ámbitos en los que debió actuar para proteger los derechos de las personas.
“A ella se le olvido que la CEDH debe ser de la sociedad y para la sociedad, no para proteger a los que vulneran derechos humanos desde las oficinas públicas. Ella ha quedado bien con el gobierno, por su dedicada omisión sistemática, incumpliendo estructuralmente su función”.
Cisneros Sánchez advirtió que ante el nuevo proceso se cierne la preocupación de una posible reelección o la imposición a modo de alguno de los otros 17 aspirantes a la titularidad, entre los cuales hay figuras que preocupan, algunos con grises antecedentes y otros desconocidos o sin consenso comunitario como en el caso de Diana Carolina Santiago Bautista, quien aunque pertenece a la etnia tének, en su municipio las comunidades indígenas cuestionan sus aspiraciones por su incongruente actuar, y lamentó que no hubiera más propuestas de este sector tan golpeado.
Dijo también que figuran unos cuantos nombres de personas que sí tienen con que responder a la sociedad ante la crisis de derechos humanos en la que San Luis Potosí está inmerso, dado el vacío de actuación del ombudsperson, algunos vinculados a la diversidad sexual, otros a las personas con discapacidades o bien vinculados a la defensa del territorio, el medio ambiente y a búsqueda de personas desaparecidas.
Para concluir, el integrante del OIM cuestionó si este cargo no debiera ser designado por el pueblo en elección abierta y popular, dado que el país avanza en la elección de sus jueces, sería congruente que la ciudadanía elija libremente a su ombudsperson.
“Es un secreto a voces que en el Congreso del Estado esperan ‘línea’ para reelegir o elegir a un nuevo rostro que le acomode al Ejecutivo del Estado, y no le cause insomnio alguno en los próximos años que le quedan en la administración y en los que aspira con su sucesión, aunque esta última esté cuestionada por el anti nepotismo en ciernes”.
