Estela Ambriz Delgado
La asociación civil Cambio de Ruta se encuentra en proceso de presentar dos acciones legales para hacer cumplir la normativa ambiental vigente, dada la omisión de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) en el cumplimiento de sus obligaciones de monitoreo ambiental, especialmente en lo que respecta a la calidad del aire, lo que puede constituir un delito.
El abogado integrante de la asociación civil, Luis González Lozano, informó que próximamente se presentará una denuncia penal por posibles delitos ambientales ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues la inacción de Segam en el cumplimiento de sus obligaciones de monitoreo ambiental, especialmente en lo que respecta a la calidad del aire, podría constituir un delito ambiental conforme al Código Penal Federal, específicamente por la contaminación atmosférica y la falta de medidas adecuadas para prevenirla.
Esta denuncia se fundamentaría en los artículos que regulan los delitos en contra del ambiente y la gestión ecológica, al considerar el incumplimiento de las normativas aplicables y el riesgo a la salud pública.
Además, preparan una demanda de amparo indirecto por la violación de derechos humanos fundamentales, específicamente los derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a la información pública veraz.
En este sentido, González Lozano explicó que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a información completa y actualizada sobre los contaminantes atmosféricos, y su omisión viola estos derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 4 y 6, sobre derecho a la salud y a un ambiente sano, y el derecho a la información pública, respectivamente.
“Estas acciones se presentarán en breve, ya que estábamos esperando el cambio de Gobierno Federal para asegurar que los nuevos actores políticos tengan la oportunidad de abordar estas deficiencias, todo ya ha sido documentado con la información que nos dio la propia Segam y con lo que publica en redes, para proceder de manera formal con ambas acciones legales”.
El activista hizo mención de que como se muestra en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), tres de las cuatro estaciones de monitoreo en la zona metropolitana de San Luis Potosí están fuera de servicio, que desde origen tienen una cobertura limitada; esto se agrava al tener reportes sólo de una fuente, lo cual no permite un diagnóstico realista ni abarca todas las zonas donde la contaminación puede estar presente.
“Las gráficas reflejan que la calidad del aire en algunos momentos es reportada como ‘buena’ en áreas donde visualmente la contaminación es evidente. Este tipo de limitaciones técnicas agravan el problema de la calidad del aire y comprometen la salud pública, ya que la falta de datos impide la implementación de políticas preventivas efectivas en toda la ciudad”.
