Leticia Vaca
El diputado Pedro César Carrizales Becerra dio a conocer que, en respaldo a la sociedad civil Artículo 27, presentó ante la Oficialía de Partes una iniciativa de punto de acuerdo para que el Pleno del Congreso local apruebe la modificación del Escudo, tanto de la ciudad capital como del Estado de San Luis Potosí, y sea eliminado el cerro San Pedro, toda vez que dicho elemento de identidad cultural ya no existe debido a los trabajos autorizados a la Minera San Xavier.
Basado en un escrito, leyó su iniciativa, con la que pide a las autoridades municipales y estatales que se abstengan de autorizar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la “pretendida” declaratoria de Zona de Monumentos para Cerro de San Pedro mientras no se hayan realizado las reparaciones por el daño causado por la explotación del cerro.
También, añadió, buscan que se cree una comisión especial, con el propósito de realizar una investigación encaminada a solicitar la reparación del daño causado a la comunidad de este estado derivado de los trabajos de la Minera San Xavier. “Asimismo, que formalice la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público. No sólo es un acto simbólico sino una medida que busca dejar una cicatriz de fuego en la memoria de los ciudadanos y de la clase gobernante para que no vuelva a ocurrir algo similar. Eliminar el cerro de nuestro escudo es una acción pública que debe ser asumida como parte de la historia reciente de nuestro estado porque, en efecto, en la realidad ya lo eliminaron”, finalizó su lectura Carrizales Becerra.
Al respecto, José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado e integrante de Artículo 27, destacó que lo que se busca es un acto de responsabilidad porque se sigue depredando el patrimonio cultural: “en este país muchas veces la sociedad ni cuenta se da y los gobiernos no intervienen; hay gente que se sigue apropiando indebidamente de ese patrimonio, enriqueciéndose ilícitamente; el cerro de San Pedro ya no existe en el logo del Estado”, reclamó.
En ese sentido, puntualizó que, a través de Carrizales Becerra, la sociedad civil que representa busca la posibilidad de una reparación del daño por el indebido aprovechamiento del patrimonio del estado. “Se debe formar una comisión e investigarse de manera correcta y transparente”, concluyó Hermosillo Vallarta.
