Por: Victoriano Martínez.
La diputada Josefina Salazar Báez presentó esta mañana ante la Comisión de Transparencia del Cabildo capitalino el pre dictamen de la nueva Ley de Transparencia, en una sesión en la que los participantes exhibieron tal nivel de ignorancia, que su desarrollo podría compararse con reuniones similares de hace más de 13 años, cuando se aprobó la primera legislación en la materia.
Salazar Báez inició su presentación con una descripción de lo que consideró como avances en el pre dictamen que armoniza la legislación local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la advertencia de que ahora sí va en serio y las obligaciones de difusión de oficio se amplían, así como los sujetos obligados a cumplir con la ley.
Su exposición fue interrumpida para que Marco Antonio Aranda Martínez, secretario del ayuntamiento, tuviera una intervención antes de abandonar la junta para atender otros compromisos.
El funcionario recordó que, como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, le tocó enfrentar la actitud fiscalizadora de personajes como Eduardo Martínez Benavente, quien “mal asesorado” como diputado, pretendía auditar al Poder Judicial. No obstante, reconoció que ese Poder sí debió someterse al escrutinio del Congreso del Estado, por disposición legal.
Enseguida exhibió una de las inquietudes que, desde 2003, formaron parte de la resistencia del Poder Judicial para atender sus obligaciones de transparencia: los solicitantes deben identificarse plenamente, expresó, porque “no es posible que me pides información, y no te identificas…”
“Claro, que demuestren el interés jurídico”, lo secundó el regidor Mauricio Rosales, con la misma postura que hace más de diez años le valió a Otto Sosapavón Yañez, como titular del Poder Judicial, que Miguel Carbonell lo exhibiera como ridículo en diversas conferencias, y hasta en una Semana Nacional de Transparencia, por ignorar la naturaleza del derecho de acceso a la información pública.
Tanto Aranda Martínez como Salazar Báez consideraron que ahora sí la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será considerada sujeto obligado por la ley, a pesar de que ésta aparece como tal desde la Ley Federal de Transparencia promulgada en junio de 2002.
Tras despedir a Aranda Martínez, la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado concluyó la exposición y puso a disposición de los funcionarios municipales el pre dictamen para que aporten las observaciones que consideren pertinentes, antes del dictamen que habrá de someterse al pleno legislativo antes del 4 de mayo.
La regidora Leticia Lozano fue la primera en intervenir. Señaló que para ella, esta ley pone a los funcionarios en una situación de vulnerabilidad por difamaciones y hasta agresiones. Aseguró que existe gente que investiga sólo para volver vulnerables a los funcionarios, y agregó que hasta podrían ser víctimas de secuestros.
“¿Cómo vamos a estar protegidos ante esta ley?”, expresó la misma inquietud que se escuchaba en conferencias como en la que Salvador Nava Gomar, hoy magistrado electoral, respondía en 2003 con esta frase: “Si no está dispuesto a ejercer su función pública en público, no se meta a funcionario público”.
Y como él, conferencistas como el propio Carbonell y Ernesto Villanueva, desarmaban el argumento del riesgo de secuestro con una lógica simple: por un lado, quienes se dedican a esa actividad tienen otros mecanismos para definir a sus víctimas, en tanto que por el otro, pedir ocultar sus ingresos por miedo al secuestro es auto señalarse como secuestrable.
Salazar Báez le aclaró a Lozano que la cuestión relacionada con la exhibición de la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal no es materia de la Ley que les presentó, sino de la iniciativa de Ley 3 de 3, en la que el propio Carbonell, les dijo, en su conferencia del 21 de marzo, dijo no estar de acuerdo en difundir las declaraciones fiscales.
No obstante, no les dijo que en esa misma conferencia, Carbonell les recomendó considerar incluir como parte de la nueva Ley de Transparencia las disposiciones de la iniciativa 3 de 3.
El regidor Mauricio Rosales, por su parte, intervino para manifestar su desacuerdo con la forma en que se maneja la difusión de oficio de la información pública porque, aseguró, las dependencias interpretan de una forma cada obligación y la CEGAIP dice que es de otra manera y los descalifica.
“Deberían emitir un esquema de cómo debe presentarse la información, porque a veces la información sí está, pero ellos dicen ‘es que la tenías que poner acá’”, expresó. Obvio es que el regidor ignora la existencia de los Lineamientos Generales para la Difusión, Disposición y Evaluación de la Información Pública de Oficio.
Para ampliar la exhibición de prejuicios en el tema de transparencia, Rosales afirmó que más del 50 por ciento de las solicitudes de información que reciben las entidades públicas “son para mal”.
El regidor Juan Carlos Torres no se quedó atrás y también se quejó de verse obligado a transparentar su actuación porque, dijo, sólo se utiliza para el golpeteo político, principalmente a través de los medios de comunicación.
El regidor Gerardo Gutiérrez comenzó su exposición con la afirmación de que “el licenciado Ricardo Gallardo siempre ha sido una persona muy interesante, muy interesada en la transparencia”. Y enseguida se congratuló de los avances presentados para la nueva Ley de Transparencia.
Enrique González, presidente de la Comisión edilicia, aseguró que en esa instancia se trabaja sin líneas partidistas y llamó a los regidores y a la Unidad de Información Pública a ser implacables al pedir a los directores que cumplan con las obligaciones de la ley de transparencia.
Se pronunció por estar atentos a las inquietudes de la ciudadanía para transitar hacia una búsqueda de satisfacer esas necesidades de información, en lo que resultó una referencia al concepto de transparencia focalizada que se encuentra incluido en el pre dictamen de la nueva ley.
En cuanto González hizo referencia a grupos de la sociedad y mencionó a Ciudadanos Observando, Rosales nuevamente exclamó sin interrumpirlo: “Ciudadanos Molestando”.
Para cerrar la sesión, Salazar Báez, González y Gutiérrez coincidieron en que se debe desarrollar un trabajo conjunto con todas las comisiones del Cabildo y de las distintas áreas administrativas del Ayuntamiento, para cumplir de la mejor manera con las obligaciones de transparencia que están por entrar en vigor a partir del mes de mayo.
