Redacción
Académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales presentaron, junto a diputadas de Morena, una iniciativa para adicionar dos párrafos al artículo 12 y reformar el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con la finalidad de reconocer el Derecho a la Interrupción Libre e Informada del Embarazo; así como el Derecho de los Niños y Niñas a ser Adoptados bajo la procuración del Estado.
En la exposición de motivos señalaron que, en el imaginario colectivo, la adopción es considerada como la contraparte de la adopción y que ambas “están impregnados de prejuicios y estereotipos que impactan la conformación familiar”.
Además, argumentaron que en el tema de la adopción es necesario un marco legal porque “el Estado ha optado por delegar gran parte del problema a instituciones privadas que funcionan de manera discrecional bajo el pretexto de “el interés superior del menor”. Niñas y niños en condición de orfandad, quieren un hogar y no lo pueden tener debido a una regulación que lo vuelve imposible además de convertirse en una práctica discriminatoria”.
La iniciativa busca adicionar al artículo 12 de la Constitución del Estado un tercer párrafo:
“Esta Constitución reconoce a las mujeres el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo en un término máximo de doce semanas de gestación. El Estado garantizará el acceso a la información, educación y los medios que les permitan ejercer de forma responsable y segura sus derechos sexuales y reproductivos.”
Y un sexto párrafo para quedar como sigue:
“Los niños y las niñas tienen derecho a ser adoptados cuando carezcan de familia o de personas aptas para su crianza y cuidado, el Estado procurara que los niños y niñas en situación de orfandad gocen de una familia mediante la figura de adopción, siempre conforme al principio del Interés superior de la niñez.”
Asimismo se pretende eliminar el segundo párrafo del artículo 16 que actualmente establece: “no es punible la muerte dada al producto de la concepción, cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte.”
La iniciativa incluye datos estadísticos sobre el aborto y argumentos jurídicos como el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que considera que “en el momento en que el Estado Mexicano impone por la vía penal la culminación de un embarazo, restringe una serie de derechos fundamentales de las mujeres, debido a que las coloca en considerable desventaja al no permitirles ejercer su autonomía y ciudadanía plenamente”.
La iniciativa fue entregada esta mañana en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado por Urenda Queletzú Navarro, Olivia Salazar Flores, Martha Elena Martínez, Zamira Silva Ramos, Diana Laura Aguilera, Alejandra Mendoza Araiza, Sofía Irene Córdova, la diputada Marte Hernández Correa, la diputada Angélica Mendoza Camacho, la diputada Rosa Zúñiga y el diputado Pedro César Carrizales.
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