Fernanda Durán
Integrantes de la Colectiva ILE San Luis Potosí informaron que el pasado 22 de mayo se presentó formalmente una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la omisión del Congreso del Estado en acatar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la recurrente violación a los derechos reproductivos de las mujeres en el Estado.
Las representantes de la Campaña por la interrupción Legal del Embarazo (ILE) aclararon que la queja no es contra la actual legislatura, sino contra la institución del Poder Legislativo por no acatar los criterios que obligan a México a garantizar el aborto seguro, de manera moral y jurídica para asegurar el acceso a las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo.
“Dicha queja es en razón de que desde el 03 de septiembre del 2009 se sostiene una violación general a los derechos de las mujeres en el Estado, debido a que el contenido del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí viola sistemáticamente los derechos humanos de la mujeres en la entidad toda vez que se excede al definir cuando existe un sujeto de derechos y termina contribuyendo a un ambiente social adverso y discriminatorio para las mujeres”.
En la queja se consideró que se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, y la Convención BELEM DO PARA.
Tras la queja, la Colectiva adelantó que la próxima semana presentarán dos propuestas de reformas, una al artículo 16 constitucional, para que los diputados retomen el tema, y otro al artículo 148 del Código Penal.
De acuerdo con ILE SLP el delito de aborto seguirá existiendo, pero cuando la interrupción sea después de las 12 semanas.
Para la Colectiva se trata también de una disputa política, pues hay diputados que públicamente se han posicionado “a favor de la defensa de la vida desde la concepción, aunque no hay un sustento científico que lo avale”.
“Las autoridades no tienen en cuenta que están en una institución laica”.
Asimismo, lamentaron las reuniones de los servidores públicos con grupos antiderechos, en especial de las legisladoras, por lo que las exhortaron a que apoyen a ILE en el desarrollo de sus propuestas.
